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Nueva ley reglamentará número y ubicación de juntas regionales
Zenaida Vásquez - Publicado:
La presidenta de la República, Mireya Moscoso, dijo ayer en Los Santos que el decreto presidencial que eliminó algunas juntas regionales de Educación, perderá vigencia una vez sea aprobado en el parlamento un anteproyecto de ley que determinará el número y las ubicaciones donde estarán las juntas educativas."Una vez que esto se apruebe en la Asamblea Legislativa el decreto de gabinete que autorizó su eliminación se vencerá de inmediato", aseguró Moscoso al cuestionársele sobre el tema.Moscoso mencionó que existen dos anteproyectos de ley que fueron presentados en la Asamblea Legislativa, y que están siendo analizados, uno presentado por la legisladora Susana Richa de Torrijos y otro anteproyecto del parlamentario Julio César Castillo, de Chiriquí.Detalló que Torrijos está pidiendo 13 juntas regionales mientras que Castillo solicita 5 juntas regionales, al tiempo que aseguró que va a esperar qué decisión va a tomar la Asamblea en cuanto al tema, "pero sí fue un compromiso nuestro en Bocas del Toro y hemos cumplido con Bocas del Toro y con Colón también", recalcó.La semana pasada la presidenta de la república aprobó en Consejo de Gabinete la instalación de Juntas Educativas Regionales en Bocas del Toro y Colón, luego que se produjera una serie de manifestaciones con leves disturbios en Bocas, que motivó a la mandataria a resolver la problemática personalmente, haciendo la promesa de reinstalar las juntas educativas de dichas provincias.Sumada a la solicitud de los bocatoreños y colonenses, las provincias de Herrera y Veraguas han solicitado también a la presidenta Mireya Moscoso, la instalación de sus Juntas Educativas Regionales, ante lo cual han enviado formal notificación a la mandataria.La Asamblea Legislativa citó a la Ministra de Educación Doris Rosas de Mata, al parlamento para que explique qué elementos fueron utilizados para reducir de diez a tres las juntas educativas regionales y conocer si hubo un estudio para tomar tal decisión.La ministra deberá responder en fecha aun no definida un cuestionario de trece preguntas, tras la citación impulsada por parlamentarios de oposición y gobierno.