Panamá
Pleno de la Corte no admite causa en que se vincula a Raúl Pineda
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El expediente fue enviado por la Fiscalía Anticorrupción que investiga varios delitos en perjuicio de la Asamblea Nacional.
Pineda lleva cuatro periodos como diputado de San Miguelito. Internet
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El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió el conocimiento de una carpeta penal, remitida por la Fiscalía Anticorrupción en la que se menciona al diputado Raúl Pineda Vergara, del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
La denuncia fue presentada por la Contraloría General de la República y guarda relación con la identificación de personas que cobraban sin laborar en la Asamblea Nacional, conocidas popularmente como 'botellas'.
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La Fiscalía Anticorrupción envió a la Corte copias del expediente en el que se denuncia la presunta comisión de delito contra la Administración Pública en la modalidad de diferentes formas de peculado.
También se investiga la comisión de delito contra la Fe Pública en la modalidad de Falsificación de Documentos en perjuicio de la Asamblea Nacional.
Se trataría de varios cheques retenidos por la Contraloría que responden a supuestas 'botellas' que estarían en la planilla de varios diputados, entre los que se mencionó a Pineda.
En resolución dictada el pasado 23 de octubre y cuyo edicto fue fijado por la Secretaría General de la CSJ este jueves, 20 de noviembre, el Pleno de la Corte, en forma unánime decidió desconocer el documento penal enviado por la Fiscalía Anticorrupción en que se menciona al diputado Pineda.
A su vez, ordenó devolver la causa penal a la Fiscalía Anticorrupción, Sección de Investigación y Seguimiento de Causas.'
9
magistrados decidieron devolver el expediente a la Fiscalía Anticorrupción.
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de mayo de 2025, fecha en que se conoce de la presentación de la denuncia de la Contraloría.
Se desconoce si en la investigación iniciada por la denuncia de la Contraloría General aparece el nombre de otros diputados.
De acuerdo con el artículo 155 de la Constitución Política, los diputados son investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional.
Y los magistrados solo pueden ser procesados por los diputados.
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