Como proteger a la población frente a la inflación

El proceso inflacionario en desarrollo no solo ha afectado a la población, sino que amenaza con profundizar su impacto sobre la misma. La actual tendencia inflacionaria podría llevar a una tasa anual acumulada de elevación de los precios cercana al 9.0%.

Frente a esto el gobierno de turno, con su proverbial incapacidad, no ha sido capaz de articular una política que efectivamente defienda a la población, sobre todo a los grupos más vulnerables. Resulta inaudito que en un reciente diálogo con los sectores sociales los representantes del gobierno plantearan que es la población la que debe mostrar cómo llevar adelante una política en este sentido. Se trata de un gobierno que necesita una lección.

Es importante, en estas condiciones, señalar que el gobierno tiene a su disposición un conjunto de palancas económicas que no han sido activadas Se puede partir señalando que, por ejemplo, el precio internacional de la gasolina ha venido reduciéndose, entre fluctuaciones, el último mes a nivel internacional (-7.0%), hecho no sentido en el país, lo cual es muestra de la tolerancia gubernamental hacia la especulación interna. A esto habría que agregar que también se tiene una tolerancia igual sobre la especulación con los precios de los alimentos y de los medicamentos. Hace falta una política activa de regulación de precios El artículo 284 de la Constitución señala la capacidad del Estado de regular los precios para asegurar la justicia social. Por su parte La Ley No 45 De 31 de octubre de 2007 permite dicha regulación en el caso de los artículos de primera necesidad, aun cuando el arancel Ad Valorem sea menor al 40%. ¿Será que el gobierno no entiende o no quiere entender que los alimentos, la medicina y los combustibles no son de primera necesidad? Más aún.

El artículo 200 de esa misma Ley señala que "el Órgano Ejecutivo adelantará las medidas que se requieren para eliminar las imperfecciones de mercado". Estamos frente a un gobierno sin voluntad cómplice de los oligopolios de los combustibles, los alimentos y las medicamentos.

Proponer, como lo han hecho algunos funcionarios y voceros oficiosos del gobierno, que esta política dañaría a los productores es una falacia, ya que las medidas de control en este caso deben guiarse a cortar la especulación de los intermediaros. Esto significa conectar más directamente a los productores del campo con los consumidores de la ciudad. En este caso se puede, incluso pensar en almacenes reguladores públicos, que compren directamente al productor a precios justos y vendan al consumidor con precios también justos.

En el caso de los medicamentos no solo se tiene la necesidad de golpear la especulación de los importadores. Se debe apuntar a un abastecimiento seguro en la CSS y el MINSA que, a muy corto plazo, se realice por medio de la compra vía el mecanismo de Naciones Unidas destinado a este fin.

Decir como señaló recientemente un alto funcionario público al salir de un diálogo, que el Gobierno no tiene medios para ayudar a la población, no pasa de ser una maniobra defensiva. Debemos recordar que se trata de un gobierno que acaba de entregar un subsidio de casi B/. 3,000.0 millones a un grupo empresarial cercano al mismo.

A los que señalan que el gobierno no tiene suficientes recursos y está muy endeudado, analizan el problema solo desde la perspectiva del gasto, no desde la perspectiva de los ingresos. Olvidan cómodamente que, de acuerdo a cifras oficiales, se puede establecer que la evasión fiscal del sector empresarial (IR e ITBMS) alcanza al 10.0% del PIB.

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Es el momento de ejercer la mayor presión y movilización ciudadana para obligar al gobierno a cumplir con su deber.