El contrato minero contra la vida

El reciente anuncio por parte del gobierno nacional de los supuestos beneficios del contrato minero con la empresa que explota el cobre amerita un serio análisis, que permita una primera valoración del aún no revelado acuerdo del actual gobierno con la empresa que realiza la explotación.

Como es conocido la minería a cielo abierto implica importantes y significativos daños ambientales y humanos. Los costos de los mismos son prácticamente permanentes e incalculables, ya que son inconmensurables en términos monetarios. Tal es el caso de los impactos que afectan la salud humana, generan muertes, impactan negativamente la biodiversidad o implican la contaminación del agua y del aire.

De lo anterior se desprende que plantear que el Contrato Minero acordado genera una especie de beneficio neto de aproximadamente B/. 375.0 millones no solo es desacertado, también es una forma de encubrir los elevados costos ambientales.

Incluso desde el punto de vista de la economía tradicional, sostenida sobre el dudoso concepto de productividad marginal, la que de manera sistemática deja por fuera los costos ambientales, lo cierto es que estos B/. 375.0 millones no parecen expresar el aporte de los recursos naturales a la producción que se exporta. Esta cifra representa apenas el 9.4% del valor de las exportaciones esperadas este año. Esto es más cierto en un ambiente en el que el precio del cobre se ha elevado en aproximadamente 17.3% en un año.

El hecho que se vaya a destinar el 50.0% de los ingresos al programa de IVM significa que a este programa se entregarán anualmente B/. 187.50 millones y no B/. 190.00 millones como señaló el presidente. Se trata de una suma que el gobierno podría triplicar sin dañar el medio ambiente si tan solo tuviera la voluntad política de eliminar el 9.4% de la evasión fiscal anual que realiza el sector corporativo de la economía. La insuficiencia de la medida gubernamental queda clara si se tiene en cuenta que solo este año la diferencia entre los ingresos y egresos del subprograma de beneficios definidos puede alcanzar a B/1,702.1 millones. Este déficit, vale la pena señalar, seguirá creciendo en el tiempo dada la negativa del gobierno de volver al sistema solidario y generar las condiciones necesarias para su sostenibilidad.

El hecho que no se plantee ningún aporte para los programas de salud, a sabiendas que la actividad minera va a generar enfermedades costosas, simplemente llama la atención sobre una situación en la que el Programa de Enfermedad y Maternidad probablemente tendrá que gastar una suma similar o mayor en la atención de salud.

En lo que corresponde al hecho de que 25.0% de los ingresos generados por el contrato minero se van a destinar para que nadie reciba una pensión de menos de B/. 350.0, no solo se debe señalar que esta medida también se podría financiar reduciendo la evasión fiscal, así como la evasión de cuotas de la CSS. Más aún, la misma no parece sostenerse en un estudio actuarial serio que permita la formulación de un fideicomiso que le dé una real base financiera al objetivo propuesto. El 5.0% destinado a la educación representa apenas B/. 18.75 millones, cifra que apenas alcanza al 1.07% del presupuesto del Ministerio de Educación en el 2022. Esta no hará prácticamente nada por acercarnos al mandato de la Ley que determina que el gasto en educación debe ser el 6.0% del PIB del año anterior.

En conclusión, estamos frente a una retórica vacía destinada a justificar la nociva minería a cielo abierto en nuestro país. Es importante seguir organizando la resistencia a fin de que Panamá sea declarado como país libre de minería a cielo abierto.