Evidencias contundentes ante los inventos antimineros
Los informes presentados por la auditoría realizada por la empresa SGS por encargo del Ministerio de Ambiente de la República de Panamá, han venido arrojando resultados que destruyen todos los argumentos y fantasías que por décadas se fueron incrustando en la opinión pública con el concurso de muchos medios escritos, televisivos, radiales y hoy en día con las redes sociales.
Cada día son más los panameños que se han informado apropiadamente y quienes aprenden diariamente al consultar con las fuentes verdaderamente idóneas, al punto que más y más jóvenes están optando por las carreras que ya se pueden estudiar en las universidades panameñas.
Es evidente que hoy son más los panameños decididos a apoyar el responsable y a la vez beneficioso aprovechamiento de las riquezas que se generen de la actividad minera en el país y muy en particular con el proyecto Cobre Panamá, la mayor inversión privada de la historia republicana panameña.
Las afectaciones económicas, sociales y de orden público causadas por aquella histeria colectiva, inspirada por diversas motivaciones y aprovechadas con fines ideológicos, político partidistas y en consecuencia, electoreros, por poco logran provocar afectaciones ambientales, cuando intentaron impedir la autorización que responsablemente otorgó el gobierno panameño para procesar los 38 millones de toneladas de material ya minado, ya sacado del masivo, ya expuesto a los elementos.
De no haberse procesado ese material almacenado en pilas, la acción de los elementos como la lluvia, la humedad del aire, habría ocasionado una reacción, cumpliéndoles el sueño a los profetas del desastre al generar en esas condiciones el fenómeno del drenaje ácido. Afortunadamente, Panamá tomó la decisión inteligente y ese material se terminará de procesar y de exportar en forma de concentrado de minerales para beneficio de todos.
En Panamá no se ha dado la profetizada contaminación. Los ríos aledaños al proyecto, los suelos, subsuelos, el aire y las aguas subterráneas no están contaminados por causa de la mina y todo eso debido a los efectivos controles ambientales que el proyecto puso en práctica, a pesar de los tres años transcurridos desde el cierre abrupto del proyecto en 2023.
Nunca hubo tal contaminación, ni durante ni después de varias décadas de actividades de exploración y cinco años de explotación minera entre 2019 y 2023. Basta leer los informes de las auditorías y gracias a que miles de panameños lo están haciendo, ya no los podrán sorprender los activistas y seguidores de las sectas anti todo, que son los mismos que se oponen a todo lo que pueda representar beneficios al país, como el embalse de Río Indio, el puerto Barú y por supuesto la explotación de los yacimientos económicamente viables que tiene el país.
En su desesperación por captar votos de personas poco informadas, aparecen propuestas que riñen contra la propia Carta Magna, misma que claramente contempla la explotación minera en el país y las formas como puede llevarse a cabo. Es por eso que cualquier cosa que pase en Panamá será a hachada a la mina por los fanáticos, sin tener ni la certeza ni los conocimientos para poder comprobarlo. Aunque cada vez menos, aún hay miembros de la secta anti minera infiltrados en todos los sectores del país tratando de mantener vivo el discurso.
Hay que escuchar a los idóneos en cada especialidad y a los técnicos en cada terreno, instituciones, empresas o agencias autorizadas.
En Panamá se declaró inconstitucional un contrato, de eso se ha discutido a la saciedad. En Panamá nunca se ha prohibido la actividad minera y ante lo sucedido en mayo de 2023, el temor que tienen las sectas anti mineras radica en que toda la nación pueda ver los resultados positivos, la generación de empleos, riquezas y crecimiento, porque con esas contundentes evidencias, se les terminaría el negocio.
Por eso, debe quedar claro que es imperativo reabrir la mina, utilizando los mecanismos que la Constitución Política de Panamá contempla al respecto.
ACTA NON VERBA.