Justicia politiquera

El Órgano Judicial panameño llegó recientemente a un acuerdo secreto, aparentemente apadrinado por el Palacio de las Garzas, con el Ministerio de Cultura (MiCultura) para usar el Teatro Balboa en Ancón como sede de juzgados en casos de alto perfil como Oderbrecht, Lava Jato, Blue Apple, News Business y los Panama Papers, entre muchos otros que involucran a expresidentes, exministros de Estado y miembros de la elite económica y social de Panamá. 

Esta decisión inconsulta y arbitraria por parte de ambas instituciones, es en sí injusta y eminentemente politiquera, por desvirtuar un previo acuerdo de MiCultura con la Asociación de Teatristas de Panamá que exoneraba de alquiler todo evento cultural presentado en ese mismo teatro, entre abril y diciembre de 2021, pacto propuesto por MiCultura como parte de la reactivación de este sector de entretenimiento, tan afectado por la pandemia y el Estado de Emergencia Nacional declarado desde marzo 2020, aun en vigor.

Pero más que una acción injusta y politiquera o limitada a ese sector teatral, esta medida de poner en escena juicios con elementos teatrales señala, con igual dramatismo, el desgaste y debilidad del sistema de administración de justicia panameño que solo avanza si la opinión pública presiona, produciendo una justicia con visión torcida sujeta a esa intimidación ciudadana. 

Esta debilidad administrativa refleja el abandono histórico de dicho sistema por todo nuestro engranaje político y judicial, provocando una enorme falta de coherencia en materia de justicia, donde los jueces emiten decisiones hechas más a la medida de no poner sus cargos en riesgo que a dar sentencias o veredictos a la altura de una judicatura independiente e incorrupta.

Pero el uso del “theatrum  iudicale” antiquísimo artilugio romano para escenificar espectáculos de todo tipo, que devino en la teatralidad judicial tanto en Panamá como el resto de Hispanoamérica, viene de tiempos remotos de la monarquía hispánica, cuando dicha teatralidad cumplía la importante tarea de acercar al lejano rey con sus súbditos americanos, por medios de artificios teatrales en la Reales Audiencias establecidas para ese fin, creando desde entonces esa disimetría entre la noción de justicia y la acción dramática de impartirla.

Si bien estos rituales judiciales se vincularon con ceremonias vistosas en la administración de justicia, en la mayoría de los países latinoamericanos, vistosidades hoy inexistentes en las cortes panameñas, lo cierto es que este nuevo acuerdo de utilizar el Teatro Balboa como juzgados para teatralizar casos de alto perfil, muestra claros vicios politiqueros que poco o nada tienen que ver con impartir justicia. 

Ya en octubre de 2017, el dirigente PRD, Pedro Miguel González Pinzón, anunciaba la “obra teatral dirigida por Varela” para referirse al caso Oderbrecht como un espectáculo judicial, muy próximo a ser hecho realidad por el Juzgado Tercero Liquidador en este antiguo teatro zoneita, irónicamente por una administración PRD que juzgará al expresidente Varela.  

Este teatro, si los ciudadanos lo permitimos, se convertirá por años en un escenario recurrente para casos procesalmente ingobernables, dado expedientes con miles de tomos y decenas de imputados. Para muestra un botón: el expediente Oderbrecht consta de 2,194 tomos, con casi un millón de folios y 50 imputados.

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En este “teatro judicial”, inaccesible al público dada las barreras de rejas móviles puestas actualmente por la Policía Nacional en todo su perímetro, se enfrentarán equipos de fiscales de parte del Ministerio Público con los abogados de la defensa, utilizando lenguaje procesal, de forma simbólica aplicando jurisdicción realenga, por no decir presidencial.

Pero no es de extrañar que hoy se utilice un teatro como sede judicial, pues la mismísima Corte Suprema de Justicia utiliza los predios del antiguo “Gorgas Army Community Hospital”, en la ladera nordeste del Cerro Ancón, como el Palacio de Justicia Gil Ponce.  

Pero ¿le conviene al Órgano Judicial hacer justicia teatral y politiquera?

Economista.