La historia ambiental en Panamá: una realidad en construcción

Desde el inicio de la República, la actividad extractivista se evidencia en nuestro país con la conversión del recurso hídrico en capital, aun cuando estuviera asociado principalmente a intereses geopolíticos de EE.UU.

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La construcción del canal, al igual que otros tipos de extractivismos como el minero y energético en la actualidad, no solo afectó al medio ambiente, con la transformación del territorio de la zona de tránsito del istmo, sino también al movilizar a las comunidades que lo habitaban desde tiempos coloniales.

Otra de las características del extractivismo es que, al ser concesiones otorgadas a compañías de otros países, forman enclaves que guardan mayor relación con este que con el anfitrión.

Siendo el gobierno de los EE.UU. el administrador de la compañía del canal, esta se regía por sus leyes e instituciones federales, sin conectarse con las panameñas.

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A partir de las últimas décadas del siglo XX, los efectos de las actividades de los seres humanos en el medio ambiente comenzaron a tener mayor relevancia en el ámbito mundial, por las consecuencias para las generaciones presentes y futuras.

Aun cuando la gobernanza internacional ha buscado los medios para su mejoramiento a través de convenios, EE.UU. no se muestra dispuesto a aceptar su existencia.

Sin embargo, esto no descartó la existencia de mecanismos que buscaran su regulación durante la administración conjunta panameño-estadounidense del canal.

Con la reversión de la institución, la administración de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se convirtió en la heredera de una experticia más avanzada que la del resto del país, al "panameñizar" las prácticas que implican la sostenibilidad ambiental en la logística canalera.

En la actualidad, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) es la institución encargada de la elaboración y presentación de los estudios de impacto ambiental, su evaluación y la emisión de sus respectivas resoluciones en Panamá.

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Así como sucedió en el caso canalero, el Estado panameño puede emular las prácticas de otros países cercanos más avanzados al momento de la institucionalidad con respecto a la conservación del medio ambiente frente a las actividades extractivistas, que por guardar relación con los intereses económicos internacionales y vincularse a los grupos gobernantes locales, torna conflictiva su defensa.

En países de Suramérica, como el caso de Perú, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) está encargado de "ejercer la potestad de autoridad sectorial ambiental para las actividades de electricidad, hidrocarburos y minería, en concordancia con los lineamientos de política y las normas nacionales establecidas por el Ministerio del Ambiente como entidad rectora."

Es decir, la responsabilidad de los estudios de impacto ambiental en lo referente a los recursos energéticos y minerales recae sobre el Minem, al tener los profesionales idóneos para la evaluación de la permeabilidad de los suelos a químicos, el nivel en el aire de los diferentes elementos, previos a la realización del proyecto, o la aprobación de la comunidad para la realización de la obra.

En estos casos específicos, su Ministerio de Ambiente continúa siendo el encargado de evaluar, supervisar, controlar, fiscalizar y sancionar en materia ambiental, al garantizar el cumplimiento de la legislación existente, al igual que sucede con la explotación de los otros recursos naturales.

En el caso panameño, dependiendo de la clase de proyecto, también el estudio de impacto ambiental se entrega a la entidad pública encargada – Ministerio de Salud (Minsa), Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) – para su posterior remisión a MiAmbiente.

Una nueva comparación con el caso peruano muestra que dentro del personal del Minem se encuentran los puestos de ingenieros encargados de analizar y evaluar los proyectos de exploración y explotación extractivistas mineros y energéticos.

En el caso panameño, una revisión del Departamento de Minería y Cantera del Mici muestra la existencia de un puesto de ingeniería de minas, mientras que el Ministerio de la Presidencia posee ingenieros civiles, electromecánicos y ambientales, aunque sin detallar su pertenencia a la Secretaría Nacional de Energía.

Tomándose en consideración que los recursos energéticos son renovables y no renovables, mientras que los minerales solo pertenecen a este último grupo, queda pendiente la concientización para una acción asertiva por el Estado panameño para hacer más eficaces y efectivos los trámites de estudio de impacto ambiental relacionados al extractivismo minero y energético, al establecer una entidad pública encargada de este tipo de actividades, y que en colaboración con MiAmbiente, contribuya al desarrollo social y a la disminución de impactos negativos en el ambiente.

Profesor de Historia.