Los desafíos del Estado post COVID-19

Desde que la OMS declaró que el COVID-19 era una pandemia, se presentaron diferentes escenarios para los Estados, y acorde a las capacidades instaladas en términos de políticas públicas, fueron las respuestas brindadas por los mismos.

Testeos, trazabilidad, vacunas y tratamientos experimentales, fueron algunas de las propuestas para gestionar la situación. Pero quizás las más difundidas fueron las cuarentenas, las cuales en principio permitieron desacelerar la escalada, pero que en el corto y mediano plazo, sumaron a la crisis sanitaria una  caída en la actividad económica, social, cultural y política, afectando especialmente a los sectores más vulnerables y especialmente en términos de empleo a los trabajadores informales.

En América Latina la contracción económica del año 2020 fue del -7,7%, según las estimaciones hechas por la CEPAL, tratándose de la mayor caída en 120 años. En ese sentido, a más de un año de transitar esta “nueva normalidad” es necesario diagnosticar, plantear los desafíos emergentes, y pensar prospectivamente.

El primer desafío para gestionar la emergencia debe, siempre y en todo momento, incluir consensos entre los diferentes niveles de gobierno. Los Estados deben enfocarse en tomar decisiones tomando nota de las experiencias ajenas con escenarios poco alentadores, ya que la crisis pareciera no retornar a la “antigua normalidad” al menos en el corto plazo.

El segundo desafío que tiene el Estado, y no por ello menos importante, es la necesidad del acceso a la tecnología para un rápido acceso a la información, agilizando la toma de decisiones  y respuestas durante la crisis. Además, si fuera necesario continuar o profundizar el aislamiento social, la digitalización y el fácil acceso a la información permitirán a la ciudadanía continuar con su vida de una forma más ordenada, y con un menor impacto económico, social y psicológico.

En tercer lugar, se encuentran los recursos. Aumentar el gasto público tomando deuda o aumentando la emisión monetaria, seguirán siendo las opciones más viables para un buen número de Estados ante la diversidad de realidades y prioridades. El aprendizaje que queda, es la necesidad de planificar la reorientación de los recursos disponibles y aprovechar la coyuntura para generar un marco normativo sólido la sostenibilidad de las cuentas.

El cuarto desafío es la articulación puertas adentro y afuera, capacitando para esto a los servidores públicos en el abordaje de problemas cada vez más complejos y acompañando el  desarrollo de una nueva forma de gestión flexible y multifuncional que permita compensar la escasez de recursos, independientemente del grado de modernización y profesionalización.

La pandemia provocó un cambio profundo en la comunicación política. Los encuentros presenciales y los actos masivos fueron dejados de lado. Reemplazados por videoconferencias, videollamadas y diferentes tipos de transmisiones en vivo, en ese sentido, la comunicación gubernamental podemos listarla como el quinto desafío, esta siempre debe llevar tranquilidad, ser abierta, receptiva y creíble para generar confianza pública.

Como sexto y séptimo desafíos encontramos la transformación de la tarea estatal a través del teletrabajo y la gestión de la incertidumbre de manera efectiva.

Estos desafíos se vinculan estrechamente con el octavo desafío, la construcción de protocolos de gestión de la emergencia. Su importancia es clave, dado que el  COVID-19 tomó desprevenido a casi todo el mundo, con la honrosa excepción de los “tigres asiáticos”, que habían protocolizado durante la primera década del S. XXI, luego de afrontar los brotes del virus H5N1.

Finalmente en el noveno y décimo lugar tenemos al liderazgo político y al compliance público. Es imperativo desarrollar capacidades estatales de gobernanza multinivel para avanzar hacia políticas y respuestas económicas más efectivas. La emergencia trae asimismo, la necesidad de reforzar el sistema de cumplimiento normativo (o compliance) público, ya que las nuevas disposiciones elaboradas al calor de la emergencia no pueden comprometer la integridad de la administración pública.

En definitiva, los Estados tienen una ardua tarea por delante: pensarse integral e integradamente en un mundo desafiante, cambiante e interconectado. Son diez desafíos clave que se presentan  como requisitos indiscutibles para liderar y gestionar en el S. XXI en el cual el rol del mercado y de la sociedad civil no son menores, y para ello la clave es articularlos de manera eficaz y eficiente. El desafío es construir un “Estado inteligente”.