La prensa de la oligarquía criolla contra la solidaridad

Amparados en un estudio actuarial de la Junta Técnica Actuarial de la Caja de Seguro Social (JTA-CSS), carente de base científica (supuestamente fechado el 4 de febrero de 2021), un medio escrito de la localidad, cuya vinculación con los intereses de los grupos financieros y de seguros es bien conocida, ha venido profundizando la idea de que el régimen de pensiones solidario, que ellos llaman de beneficio definido "parece tener sus días contados".

La manipulación de la realidad se hace evidente en la medida en que el diario de la oligarquía omite establecer que el problema lo originó la Ley 51, ideada y propuesta por los representantes del capital financiero que dominan este diario, la cual dejó sin base financiera a todos los cotizantes del sistema solidario.

En el 2005, estos funcionarios del capital financiero no quisieron reconocer que el cambio del modelo de pensiones de la CSS y la introducción de las cuentas individuales representaba un alto costo de transición, el que Bravo y Uthoff (1999) habían calculado en $145.3% del PIB. Este es el origen del déficit por el que hoy el diario de la oligarquía se rasga las vestiduras.

La campaña contra la solidaridad ahora centrada en la supuesta imposibilidad de regresar al sistema solidario al estar amparada en el estudio de la JTA, tiene una base endeble.

Es conocido que los estudios de la Junta Técnica Actuarial (JTA) están sostenidos en datos sesgados y errados. Se trata de un hecho notorio que este organismo nunca se ha tomado la molestia de rebatir. Por otra, las corridas de la JTA no se han preocupado por calcular lo que ocurriría si además de volver a la solidaridad se introdujeran las otras medidas que proponen los sectores sociales.

Para comenzar se debería tomar en cuenta que en entre el 2014 y el 2018 la evasión de cuotas del Programa alcanzó a $1,428.0 millones. El hecho de que en el último de estos años la evasión fue de $419.7 millones muestra que se trata de un fenómeno creciente.

Es conocido el hecho de que los sistemas de seguridad social operan efectivamente en condiciones en que el progreso económico llega a todos los sectores de la sociedad. Es sabido que la participación de los asalariados en el PIB se redujo de 36.3%en el 1997, a tan solo 26.2% en el 2018, afectando seriamente el potencial de recaudación de cuotas del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Solo con volver a la distribución que existía en el 2007 la captación de cuotas de este programa se elevaría en aproximadamente 22.0%. Esto hubiera significado un monto adicional de $514.1 millones en el 2018.

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Las dos cifras dadas hasta ahora alcanzan juntas a $933.8 millones, que representan el 1.4% del PIB del 2019. Si se proyecta con la tasa de largo plazo de la economía y del deflactor implícito del PIB, un porcentaje de ese tipo representaría una suma de $1,663.4 millones en el 2029, cifra que supera el supuesto déficit del Programa de IVM para ese año ($1,596.0). Se trata, entonces, de corregir abusos con la CSS, no de dañar a los asegurados.

Desde luego que la JTA, para complacencia del diario de la oligarquía, no hace ninguna referencia a que los concesionarios de fibra óptica nunca le han entregado a la CSS el 10.0% de sus ingresos netos.

Tampoco lo hacen sobre la morosidad, las posibilidades de elevar la rentabilidad de los fondos de la CSS, vía inversiones productivas, la importancia de la formalización de los informales y de la búsqueda de la equidad de género.

Estamos frente a una campaña perversa para liquidar la solidaridad. Es urgente denunciarla y demostrar sus intenciones ocultas.

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Economista.