Aumento de funcionarios y excepciones de marcación continúan en la Asamblea

Aunque el contralor de la República, Anel Flores, aseguró que la Asamblea Nacional marcha "bien", en su análisis reconoció que se ha implementado un nuevo modelo de contratación que no representa un aumento económico en la planilla, sino un incremento de funcionarios; la nueva administración ha empleado a más personas con salario promedio; sin embargo, considera que la utilización de fondos en esta y otras instituciones debe ser cónsona con la realidad del país.

"Lo que me indican es que han nombrado a gente con menos salarios, pero un poquito más de gente", señaló.

Señaló que se han identificado " muchos faltantes", por ello, está de acuerdo con que se les reduzca el salario a quienes incumplen sus funciones, como busca una de las propuestas de reforma al Reglamento Interno, cuya discusión aún se encuentra en primer debate en la Comisión de Credenciales.

Flores reconoció que las excepciones de marcación persisten en la Asamblea porque no se pudo llegar a un consenso; por ello, está a la espera de la opinión de la Procuraduría de la Administración para actuar en concordancia con la ley. No obstante, reiteró que "el que no marca no cobra".

"Yo no creo que nadie pueda decidir quién marca o no marca, eso todavía es un dilema en este país, pero bueno, le estamos pidiendo a la procuradora de la Administración Grettel Villalaz su opinión", dijo.

Aseguró que cuando se tenga esta marcación y una respuesta legal de cómo deben aplicarse sus excepciones, los ciudadanos verán que no se cabe en la Asamblea.

El contralor agregó que continuará fiscalizando las acciones que tiene el Estado en distintas empresas desde hace más de 10 años para que sus ganancias se ajusten al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, porque no puede ser que de 115 millones de dólares que se recibían en 2015, la cifra haya disminuido a $83 millones en el año 2024.

"Hay que sincerar nuestras relaciones con todas las compañías en las que el Estado es socio; ya se hizo con Panama Ports Company, y seguimos con el resto de las compañías", puntualizó en Noticias AM.

Indicó que, de llegarse a comprobar que estas compañías no cumplen a cabalidad con el país, se tomarán las acciones pertinentes de acuerdo a la ley para que dichos contratos generen las ganancias que deberían a los panameños.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia, luego de una denuncia de la Contraloría, determinó que el contrato entre el Estado y la empresa Panama Port Company era inconstitucional.