Cierra comisariato El Paco por falla de Juan Carlos Varela y Jonattan Del Rosario
El pasado Gobierno licitó la remodelación del comisariato El Paco sin advertir que debajo del sitio pasa el río Curundú y otros vicios ocultos.
El Paco se demolió y no se ha vuelto a construir. Foto de cortesía
Las malas decisiones de la administración de Juan Carlos Varela también se reflejan dentro de la Policía Nacional. Desde 2017, las fuerzas policiales se quedaron sin el servicio de un comisariato que operó por muchos años dentro de la sede de Ancón, ofreciendo productos alimenticios y de limpieza a bajo costo: El Paco.
Hoy el comisariato lleva más de dos años cerrado debido a que el exministro de Seguridad, Jonathan del Rosario, estructuró una licitación para ampliarlo y equiparlo, dejando por fuera vicios ocultos que intentó no reconocer, tomando decisiones fuera de las reglas de contrataciones públicas, según se desprende de un fallo en su contra por parte del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.
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En 2007, el Ministerio de Seguridad contrató a la empresa Consulting Design Development and Engineering S.A. para los trabajos de ampliación del comisariato El Paco por un monto de un millón 649 mil dólares.
Dos años más tarde y en las postrimerías de la gestión de Varela (15 de mayo de 2019), Del Rosario procedió a resolver administrativamente el contrato con la empresa, en medio de vicios ocultos como la falta de planos que identificaran el paso subterráneo del río Curundú, diferencias por la demolición del antiguo edificio por no contar con una estructura segura, entre otras irregularidades encontradas por el contratista al momento de proceder con la obra y avanzar en un 20%.
"Esto ha hecho que más de 4,000 uniformados estén sin el mejor beneficio que reciben producto de la mala administración de parte del Ministerio de Seguridad, ya que la entidad no tomó en cuenta que la estructura vieja de El Paco no cumplía con las normas mínimas de construcción. Además de haber sido una obra licitada, una ampliación sin contar con el respectivo permiso de construcción, por lo que se recomendó demoler la estructura existente", dijo Cinthia Trotman, representante legal de la constructora.
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La entidad violó el artículo 100 de la Ley 22 al licitar el proyecto sin conocer la existencia del río Curundú debajo del proyecto. El Paco original fue demolido porque no cumplía con las normas mínimas de construcción, por lo que la empresa propuso distintas opciones para que se garantizara la ejecución del proyecto, pero como estas involucraban aumento de costos no fueron aceptadas.
La empresa Consulting Design Development and Engineering S.A. logró sustentar ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas que reportó todos los vicios ocultos en el momento y de la forma correcta, además que presentó las alternativas para poder sacar adelante la construcción del nuevo comisariato de la fuerza policial panameña.
El pasado 22 de agosto, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas emitió un fallo contra todas las actuaciones del exministro Del Rosario, dejando en evidencia el daño causado a las unidades más humildes de la Policía Nacional que dejaron de contar con la facilidad de adquirir alimentos de la canasta básica a precios bajos.
El fallo anula la resolución administrativa del contrato y la inhabilitación contra la empresa. "Atendiendo la secuencia en que se llevaron a cabo las gestiones por parte del Ministerio de Seguridad, se deja claramente establecido la falta de debida diligencia por parte de dicha entidad contratante para proceder como era debido respecto a lo acordado en este contrato", señaló textualmente el tribunal.
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El Ministerio de Seguridad también tendría que reajustar los precios con respecto a los vicios ocultos y nuevos trabajos.
"La parte recurrente ha demostrado que efectivamente cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales; y, en consecuencia, la entidad contratante (Ministerio de Seguridad Pública) dentro de nuestro sistema jurídico vigente debe realizar los reajustes de precios necesarios que se deben aplicar dentro del plazo normal de ejecución del contrato administrativo, siendo jurídicamente posible que se distribuyan los riesgos entre las partes", indicó el Tribunal Administrativo.
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