Ministerio de la Mujer debe estar estructurado en septiembre

En sus primeras semanas como ministerio, Juana Herrera, titular de la Mujer, informó que se elabora la estructura gubernamental que tendrá la nueva cartera, bajo la coordinación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"Nos reunimos con el ministro (Héctor Alexander), que nos puso todo su equipo a disposición, así como con la dirección general de Carrera Administrativa y otros expertos en materia de organización institucional", resumió Herrera.

La nueva ministra, que antes era la directora del Instituto de Salud Mental, expresó que por el momento se arma la estructura organizacional para luego hablar del presupuesto de funcionamiento e inversión con que contarán.

El ministerio de la Mujer se ha formado, inicialmente, con la estructura que poseía el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) que para este año contaba con un presupuesto de 5 millones 179 mil 805 dólares ($5,179,805.00).

De este total, $4.8 millones son para funcionamiento y solo $368 mil en inversiones, siendo uno de los presupuestos más bajos en la administración estatal.

En forma paralela a su organización, Juana Herrera informó que se están reuniendo con organismos internacionales que pueden ayudar al ministerio en la ejecución de políticas dirigidas a las mujeres.

"Acercamientos con organismos internacionales como el Sistema de Naciones Unidas, OEA, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para buscar apoyo a mujeres vulnerables", destacó la ministra.

Según la Ley 375, que crea el ministerio, el mismo estará conformado por las direcciones nacionales de Derechos Humanos, Equiparación de Oportunidades para las Mujeres con Discapacidad, Mujeres Indígenas, Mujeres Afrodescendientes y Mujer Rural.

Además, a nivel de asesoría, contará con las direcciones de Asesoría Jurídica, Comunicaciones y Prensa, Relaciones Internacionales y Cooperación.

De acuerdo con la norma, la transición de la estructura administrativa del Inamu al Ministerio de la Mujer no podrá ser mayor al término de seis meses, desde la vigencia de la ley, es decir, hasta el mes de septiembre.

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