PANAMÁ
En medio de la discusión, sectores críticos sostienen que la implementación obligatoria podría generar incertidumbre en el mercado.
Entre las principales preocupaciones figura la posibilidad de que el uso del etanol sea obligatorio en el país, Foto. Melquíades Vásquez
El proyecto de ley 443, que propone modificaciones a la Ley 42 del 20 de abril de 2011 sobre la política nacional de biocombustibles y energías eléctricas a partir de biomasa, ha generado posiciones encontradas en distintos sectores del país tras superar su primer debate en la Asamblea Nacional.
De acuerdo con el dirigente sindicalista Ángel Ruíz, la iniciativa también contempla la modificación de un artículo del Código Fiscal, lo cual ha despertado inquietudes en la población panameña.
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Ciudadanos y actores del sector energético ven en esta propuesta una oportunidad para diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles, siendo así beneficiosa y generadora de oportunidades para el pueblo.
Para el diputado Crispiano Adames, el tema ha sido objeto de controversia, especialmente en lo relacionado con la incorporación del etanol como aditivo en la gasolina.
Mientras ciertos sectores consideran que esta medida podría traer beneficios económicos y ambientales, otros advierten sobre posibles impactos en los costos para el consumidor y en el funcionamiento de los vehículos.
La diputada veragüense, Janine Prado, detalla que hay la necesidad de analizar con mayor profundidad la propuesta antes de su aprobación definitiva.
Entre las principales preocupaciones figura la posibilidad de que el uso del etanol sea obligatorio en el país, lo que, a juicio de muchos, debería reconsiderarse y ser optativo.
“Debe evaluarse cuidadosamente si el uso del etanol en la gasolina será obligatorio u optativo, priorizando siempre el bienestar del consumidor”, han señalado voces dentro del Órgano Legislativo, quienes consideran que no debe ser obligatorio el uso del etanol en la gasolina.
En medio de la discusión, sectores críticos sostienen que la implementación obligatoria podría generar incertidumbre en el mercado y afectar tanto a usuarios como a distribuidores, mientras que otros defienden la medida como un paso hacia el desarrollo sostenible y el aprovechamiento de recursos renovables.
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