PANAMÁ
Debido a esta situación, algunos docentes enfrentan cuadros depresivos y psiquiátricos, en especial por no tener cómo afrontar las deudas con entidades bancaria
Los docentes participaron en una huelga de 82 días contra la Ley 462 de la CSS. Foto. Eric Montenegro
“Nos han hecho un cerco de hambre”. Así lo aseguran dos de las 299 docentes que fueron separados de sus puestos mediante procesos administrativos por parte del Ministerio de Educación (Meduca), en julio de este año.
Los docentes separados formaban parte de los cientos de educadores que participaron en la huelga de 82 días en rechazo de la Ley 462 que reformaba la Caja de Seguro Social (CSS).
Giovanna Santamaría, separada de su cargo en el centro escolar de Arraiján, aseguró que, al no percibir un salario, están económicamente muy devastados.
Debido a esta situación, algunos docentes enfrentan cuadros depresivos y psiquiátricos, en especial por no tener cómo afrontar las deudas con entidades bancarias.
Otro tema preocupante, dijo Santamaría, es la pérdida de la cobertura médica, lo cual repercute en docentes con enfermedades crónicas, padres encamados e hijos o parejas que requieren de atención especial.
La profesora Santamaría indicó que en su caso particular tiene dos hijos con condiciones médicas altamente complejas. Uno de ellos es paciente cardiaco y otra neurológica, aparte de tener un espectro autista.
Advirtió que al “quitarnos nuestra cobertura médica, no solamente nos quitan el dinero para poder sobrevivir, sino que también nos quitan la salud y la salud de nuestros familiares”.
La docente insistió en que no están pidiendo piedad, sino exigiendo justicia, ya que de todos los que salimos a protestar, “a unos cuantos nos han castigado y nos han llevado a niveles extremos”.
Agregó además que necesitan volver a laborar y ejercer su profesión, para lo cual hizo un llamado a la sociedad para que los apoye.
Yovana Atencio, quien laboraba en una escuela del corregimiento de Veracruz, en el distrito de Arraiján, indicó que además de ser separados, se les impuso una multa de $500.
Estamos agotando todos los recursos que nosotros podemos para ver de qué manera alguien nos escuche, dijo Atencio, porque la verdad es que necesitamos que nos escuchen.
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