PANAMÁ
Se solicitó a la Contraloría General de la República información que confirmara la solicitud de auditoría al Municipio de Arraiján, pero no se obtuvo respuesta.
El grupo de manifestantes intentó ingresar al salón de sesiones del Concejo Municipal de Arraiján; no obstante, miembros de la Policía Municipal se lo impidieron. Foto. Eric Montenegro
El Municipio de Arraiján fue escenario de protestas por parte de residentes de este distrito, quienes exigen a la Contraloría General de la República llevar a cabo una auditoría a las finanzas municipales.
Los manifestantes también exigían a la alcaldesa Stefany Peñalba rendir cuentas sobre las inversiones y proyectos que adelanta su administración.
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Exigen aclarar destino de $900 mil del Metro de Panamá
Entre las personas que protestaban se encontraba un grupo de pobladores del corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, quienes exigían la construcción de una Infoplaza y de las oficinas de la Junta Comunal.
Este grupo también reclamaba a la alcaldesa Peñalba aclarar qué había sucedido con los $900 mil entregados por el Metro de Panamá para la construcción de la sede de la Junta Comunal de Juan Demóstenes Arosemena, entre otros proyectos.
Se solicitó a la Contraloría General de la República información que confirmara la solicitud de auditoría al Municipio de Arraiján, pero no se obtuvo respuesta.
Tensión en el Concejo Municipal y ausencia de la alcaldesa
El grupo de manifestantes intentó ingresar al salón de sesiones del Concejo Municipal de Arraiján; no obstante, miembros de la Policía Municipal se lo impidieron.
Tras varios minutos de polémica, por instrucciones del secretario general del concejo, se permitió el acceso a una representación de los ciudadanos.
La sesión ordinaria del Concejo Municipal de ayer martes se desarrolló con la presencia de cinco concejales y la ausencia de la alcaldesa Stefany Peñalba, además de otros funcionarios.
Paralelamente, la alcaldesa Peñalba sostiene otra controversia con la presidenta del Concejo Municipal, Yohana Saldaña.
Esta disputa se debe a la destitución de siete funcionarios que trabajaban en la Junta Comunal de Cerro Silvestre y que habían sido nombrados por el concejo.
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