PANAMÁ
Los dirigentes comunitarios advirtieron que, de mantenerse el bloqueo de la ruta, las acciones de protesta podrían intensificarse en los próximos días.
La carretera en disputa, de forma continua por más de 90 años y constituye un enlace vital para el desarrollo social y económico de toda la región. Foto. Melquíades Vásquez
La incertidumbre y el malestar continúan aumentando entre los residentes y productores de varias comunidades de las provincias de Herrera y Veraguas, luego del cierre del camino carretero que durante más de nueve décadas ha servido como principal acceso a diversas poblaciones de la región.
La afectación directa recae sobre habitantes de sectores como El Jagua, Las Tranquillas y Los Llanos, en el distrito de Ocú, así como Los Caratales de Ponuga, entre otras localidades del área.
Voceros comunitarios como Ángel Burgos, María Pinto y otros ciudadanos han indicado que la medida arbitraria ha dejado prácticamente incomunicadas a decenas de familias, afectando el libre tránsito de personas, el transporte de productos agropecuarios y el acceso a servicios esenciales, una situación que mantiene en estado de profunda preocupación a los habitantes.
Anuncian cierre total de la vía Atalaya-Mariato
Ante la falta de una solución concreta, los moradores y productores anunciaron de forma oficial que para la próxima semana realizarán un cierre total de la carretera nacional que comunica Atalaya con el distrito de Mariato, como medida de presión y en solidaridad con las comunidades que aseguran sentirse "secuestradas" por el bloqueo del histórico camino de acceso.
Los manifestantes sostienen de forma firme que el cierre del camino, utilizado por generaciones, representa una grave afectación a sus derechos constitucionales de movilización, además de ocasionar severas pérdidas económicas al sector productivo y severas dificultades para estudiantes, trabajadores y personas que requieren atención médica urgente.
Gestiones de mediación sin resultados
Ildemarta Riera, gobernadora de la provincia de Veraguas, informó que de manera conjunta con las instituciones provinciales han intentado mediar entre las partes involucradas en este problema con el firme propósito de encontrar una salida negociada al conflicto.
Sin embargo, hasta el momento los esfuerzos institucionales no han dado resultados concretos y la controversia permanece sin resolverse.
Por su parte, los dirigentes comunitarios advirtieron que, de mantenerse el bloqueo de la ruta, las acciones de protesta podrían intensificarse en los próximos días.
Al mismo tiempo, hicieron un llamado enérgico a las autoridades provinciales para que intervengan de manera definitiva antes de que la situación desemboque en un conflicto mayor entre los afectados y quienes mantienen el control del acceso.
Mientras tanto, las comunidades afectadas permanecen a la expectativa de una solución legal que permita restablecer el tránsito por una vía que, según sustentan los propios residentes, ha sido utilizada de forma continua por más de 90 años y constituye un enlace vital para el desarrollo social y económico de toda la región.
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