Alquileres rehenes: entidades obligadas a operar entre el abandono y el hacinamiento

El alquiler de oficinas para instituciones públicas se ha convertido en un oligopolio que cada año representa más de 20 millones de dólares al Estado, en medio de quejas de estructuras deterioradas, falta de mantenimiento, hacinamiento y malas condiciones que afectan y ponen en peligro a miles de funcionarios. Al margen de ello, aún resuenan los proyectos de que el Estado construya sus propias edificaciones, navegando contra la corriente del eterno negocio de los alquileres.

Muchas de estas entidades públicas han quedado rehenes de estos grupos económicos que se valen de mecanismos legales, estrategias legales y el control de sindicatos para impedir los intentos de mudanza a mejores instalaciones por el mismo precio, incluso en algunos casos hasta por un menor costo del que siguen pagando.

Una de estas empresas del Estado es ETESA que ha denunciado que su sede actual, ubicada en el edificio Sun Tower desde 2007 (hace casi 20 años), enfrenta problemas de deterioro, filtraciones y espacio limitado para los 254 trabajadores que allí laboran.

El gerente de ETESA, Roy Morales, indicó que la junta directiva de la institución, en dos administraciones diferentes, ha aprobado en tres veces la orden para mudar las operaciones en un mejor lugar, pero siempre se ha logrado detener el traslado por acciones legales y mediáticas a través de falsas publicaciones.

A ello se suma la alianza con el sindicato de la industria eléctrica a pesar de que el objetivo es llevar a los trabajadores a una mejor instalación, con todos los elementos de seguridad y facilidades de transporte, reserva de agua potable y respaldo energético.

El pasado 16 de mayo, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizó una inspección al edificio Sun Tower por múltiples denuncias de irregularidades en los accesos y rampas que se usaban como estacionamientos y que se habrían incluido en el alquiler que paga ETESA, tema que ha pasado a analizarse si aplica como posible peculado.

La carta de advertencia, la ATTT confirmó que encontró irregularidades que ponen en riesgo a los usuarios de este edificio, ya que se utilizan las rampas de acceso como espacios de estacionamientos, también violando los planos y permisos de construcción emitidos.

La autoridad exigió el pasado 16 de mayo a Sun Tower corregir esta irregularidad de forma inmediata.

A pesar de ello, Sun Tower pertenece en un grupo económico que controla gran parte de los alquileres del Estado; además de otro grupo que es dueño de Plaza Edison.

El empresario Juan Savat, de Proyectos Rosa, representa al edificio Sun Towers donde hay cuatro entidades del Estado que tienen sus oficinas bajo un contrato de alquiler, entre ellas ETESA, la Autoridad Panameña de Alimentos (APA), el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMPHA) y el Banco Nacional de Panamá. Solo en este edificio el Estado paga 115 mil 464 dólares mensuales en alquiler, más de 1.3 millones de dólares al año.

Pero ello no es todo, este grupo también tiene el viejo edificio Poli donde operan cuatro entidades más, el Tribunal Electoral, el Ministerio de Educación, y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá. Aquí el Estado paga casi 61 mil 740 mil dólares mensuales en alquileres en el edificio Poli, o 740 mil 880 dólares al año.

En total, este grupo dueño del edificio Sun Tower y Poli factura más de 2 millones de dólares cada año al Estado en concepto de alquileres de oficinas.

Proyectos Rosa está decidido a mantener su contrato con ETESA. El pasado miércoles el abogado y vice alcalde de la ciudad Capital, Roberto Ruíz Díaz, envió un correo a la gerencia de esta empresa estatal pidiendo una reunión a nombre de los propietarios de Sun Tower para revisar "las cláusulas de cumplimiento" del contrato.

"No se le ha dado respuesta, estamos evaluando la petición del abogado Ruíz y el lunes daremos respuesta formal a ese correo electrónico", confirmó un oficial de ETESA consultado por este medio.

Dentro de este oligopolio también se encuentra el grupo económico dueño de Plaza Edison, representado por la familia Esses, que tiene como inquilinos desde hace más de 20 años al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

De acuerdo con información oficial, el Mici paga por el alquiler de su sede en Plaza Edison casi 700 mil dólares al año; el Miviot 709 mil dólares por año; y el Mitradel 753 mil dólares. Del MIDES no si obtuvieron los datos.

Cabe destacar que algunas estas instituciones ya están evaluando alternativas para mudarse, entre ellas el edificio de Soho Mall y otros edificios, bajo el mismo precio pero con instalaciones modernas, seguras, mejor ubicación, conexión de transporte y con todas las facilidades para los funcionarios.