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Cierre de cuentas bancarias del Suntracs fue una violación a sus derechos, según la Defensoría

La Defensoría exhorta a la Superintendencia de Bancos a adoptar un enfoque más proactivo en la defensa de los derechos e intereses de los cuentahabientes.

Karol Elizabeth Lara - Actualizado:

Suntracs realizó múltiples marchas para pedir la reapertura de cuentas. Foto: Cortesía

Una evidente violación a los derechos humanos de asociación y de libertad sindical, en detrimento del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), identificó una investigación de la Defensoría del Pueblo.

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Estas violaciones, según la Defensoría, se dieron tras el cierre de sus dieciocho (18) cuentas bancarias, por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), la Superintendencia de Bancos de Panamá y la Caja de Ahorros (CA).

La Institución Nacional de Derechos Humanos, (INDH), a través de la resolución de reparación de derechos violados No. 8061J -2023, recomienda a la Caja de Ahorros reestablecer todas las cuentas que mantenía el Suntracs en su entidad bancaria.

De acuerdo con la institución, las cuentas fueron cerradas sobre la supuesta discrecionalidad de esta entidad bancaria. Además, expone que hubo límites arbitrarios que no se habían instituido con anterioridad.

Además, dicha resolución de la Defensoría del Pueblo sugiere a la Caja de Ahorros evitar la ejecución de este tipo de acciones y asegurarse de que solo se lleven a cabo cuando se compruebe una acusación de un delito, no de manera anticipada, respetando el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.

Igualmente, la DDP exhorta a la Superintendencia de Bancos a adoptar un enfoque más proactivo en la protección y defensa de los derechos humanos e intereses de los cuentahabientes, lo cual debe ser la prioridad, en lugar de concentrarse exclusivamente en las entidades bancarias.

La Defensoría del Pueblo hace énfasis en que el derecho a la libertad sindical está reconocido en la Constitución Política de la República de Panamá y en numerosos tratados internacionales de derechos humanos.

El cierre de las cuentas se dio bajo la administración de Laurentino Cortizo y pese a las múltiples peticiones de reapertura, no hubo respuesta.

Una vez se instaló el nuevo Gobierno, el presidente José Raúl Mulino solicitó la apertura de las cuentas bancarias.

Saúl Méndez, en tanto, recordó que a los dirigentes del sindicato también les cerraron cuentas, impidieron tramitar préstamos y abrir cuentas en otras entidades. Dijo que seguirán con las acciones legales.

 

 

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