Contraloría aclara: no es extorsión es el registro de asistencia y puntualidad de los funcionarios

La Contraloría General de la República aclaró este martes que la suspensión de pagos a determinados funcionarios de la Asamblea Nacional no tiene nada que ver con una medida de extorsión como alegaron algunos diputados, sino que guarda relación con medidas que surgen desde el año pasado a través de sendas resoluciones.

"Las resoluciones (...) responden a la necesidad de validar el cumplimiento de disposiciones vigentes relacionadas con el registro de asistencia y puntualidad de los servidores públicos, tal como lo establece el marco normativo aplicable", expresó la Contraloría.

Añadió que recibió respuesta de parte de la Procuradora de la Administración a quien elevó una consulta sobre la excepción del marcaje de los funcionarios de la Asamblea Nacional.

En respuesta, la Procuradora se remitió al artículo 161 del Reglamento de Administración de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional que establece que únicamente el Presidente en ejercicio y el Secretario General, de manera separada, pueden exonerar del registro obligatorio de asistencia a los funcionarios.

"No obstante, la Contraloría General de la República ha podido verificar que dicha disposición no se ha cumplido en determinados casos", asegura la institución que lidera Anel Bolo Flores.

En ese sentido, la Contraloría "enfatiza que no existe, ni ha existido, intención alguna de interferir en el funcionamiento de la Asamblea Nacional ni en el debate de iniciativas legislativas". 

"Vincular procesos de control administrativo con discusiones de proyectos de ley carece de sustento y desvía la atención de lo esencial: el deber de toda institución pública de garantizar el uso correcto de los recursos del Estado", asegura.

Explica la institución que "el control previo y la fiscalización del gasto público son competencias constitucionales de la Contraloría General de la República, y su ejercicio no constituye, bajo ninguna circunstancia, una intromisión, sino una garantía para todos los ciudadanos de que los fondos públicos se manejan con responsabilidad".

Asimismo, reiteró su disposición de actuar con transparencia, objetividad y apego a la ley, sin distinciones ni excepciones. También hizo un llamado a que el debate público sea dentro del respeto institucional y el cumplimiento de las normas que rigen la administración pública.