Debate por el comando que vigilará áreas clave del Canal

La creación de un nuevo comando para reforzar la seguridad de siete áreas estratégicas del Canal de Panamá pone sobre la mesa una discusión que trasciende la vigilancia de la vía interoceánica: ¿era necesaria una nueva estructura para proteger el principal activo económico del país o se trata de un gasto que podría tener un mejor destino?

La medida fue establecida mediante la Resolución 190 del 27 de julio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial No. 30583-B. El nuevo comando estará integrado por la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME), bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad Pública.

De acuerdo con la resolución, entre las funciones del comando están planificar y coordinar operaciones de seguridad, prevenir y enfrentar amenazas, proteger infraestructura crítica y recursos hídricos y contribuir a garantizar la continuidad de las operaciones del Canal de Panamá.

La creación de este mecanismo ha generado puntos a favor y en contra del uso de recursos públicos.

La subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, manifestó que el nuevo comando será "una estructura fácil de operar" y recordó que la protección de la vía interoceánica es una responsabilidad del Estado.

"Siempre hemos trabajado con todas las instituciones gubernamentales, pero de una manera independiente. Ahora están consolidando una estructura más sencilla de operar", explicó Espino de Marotta, quien es la administradora designada de la vía interoceánica.

En cuanto al aspecto jurídico, el abogado Juan Carlos Araúz recordó que el artículo 316 de la Constitución impone al Estado el deber de garantizar que el Canal opere de forma segura, eficiente y continua.'

15

de agosto de 1914 fue inaugurado el canal con el primer tránsito oficial del vapor estadounidense SS Ancón.

 

31

de diciembre de 1999, el canal retornó a manos panameñas de forma definitiva.

 

A su juicio, este mandato exige que las instituciones competentes coordinen sus actuaciones para proteger una infraestructura estratégica, sin menoscabar la autonomía constitucional de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

El abogado explicó que la ACP tiene responsabilidades relacionadas con la administración, operación y seguridad operacional del Canal, mientras que los estamentos de seguridad tienen competencias vinculadas con el orden público y la seguridad nacional. Por ello, consideró que se trata de funciones complementarias que deben ejercerse de manera coordinada.

Araúz advirtió, sin embargo, que podrían surgir conflictos si alguna de las instituciones pretendiera asumir atribuciones que constitucional o legalmente corresponden a la ACP, o si se produce una superposición de funciones.

Por su parte para el economista y profesor Felipe Argote, la medida representa un gasto que podría ser destinado a otras áreas consideradas prioritarias. Argote resaltó que Panamá tiene un solo presupuesto y calificó como un error económico la creación del comando, al considerar que los recursos podrían aprovecharse para fortalecer sectores como educación y salud.

El economista cuestionó además la necesidad de crear nuevas estructuras de seguridad alrededor del Canal. A su juicio, no existen amenazas que justifiquen una estructura de este tipo y el país debería concentrar sus recursos en atender otros problemas.

Argote, consideró que la atención de los estamentos policiales debe estar dirigida principalmente a combatir los problemas de seguridad que afectan a la población en distintas comunidades.

Argote también planteó que uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el Canal está relacionado con el agua y con la necesidad de aumentar su capacidad operativa. Según el economista, Panamá debería generar las condiciones técnicas que permitan el tránsito de más barcos y, de esa manera, aumentar los ingresos que genera la vía interoceánica para beneficio del país.

La creación del nuevo comando coloca así sobre la mesa un debate que va más allá de la seguridad: qué funciones tendrá realmente esta estructura, cuánto costará su operación y cómo se evitará una duplicidad de competencias entre las instituciones que participan en la protección del Canal.