Movilidad y agua, base de los proyectos de interés público
Esta declaración, según el Ejecutivo, busca que todas las instituciones del Estado cooperen en la ejecución de proyectos cruciales para la población.
2,500 personas serán desplazadas de sus residencias por la construcción del embalse en Río Indio. Foto: Epasa
Tres importantes proyectos de infraestructura han sido declarados de “interés público” por la administración Mulino; el embalse en Río Indio, el teleférico de San Miguelito y el ferrocarril Panamá - David - Frontera se encuentran bajo esta denominación que prioriza su ejecución y ordena al resto de instituciones y autoridades a colaborar en su desarrollo.
El primero en recibir esta clasificación fue el teleférico de San Miguelito a través de la Resolución No. 78-24 del 20 de agosto de 2024, que autorizó al Metro de Panamá a iniciar los procesos de estudio y selección del concesionario para su construcción.
Asimismo, se ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trasladar las partidas y créditos adicionales necesarios para comenzar este procedimiento que permitirá eficientizar el transporte público en Panamá y San Miguelito.
El ferrocarril Panamá - David - Frontera, una de las promesas de campaña del mandatario, fue declarado proyecto de interés público mediante la Resolución No. 98 del 15 de octubre de 2024, permitiéndole a la Secretaría Nacional del Ferrocarril (SNF) comenzar con los estudios técnicos y financieros para evaluar la convenencia de un proceso de asociación público privada o de concesión administrativa de acuerdo a las necesidades del proyecto.
Esta obra también fue incluida en el plan quinquenal indicativo de inversiones públicas del Estado y se instruyó a las demás entidades a colaborar con la SNF en todo lo necesario para cumplir con su objetivo.
Recientemente, el Consejo de Gabinete formalizó la declaración de interés público y prioridad nacional del embalse en Río Indio porque no solo garantizará la sostenibilidad del Canal, sino también la accesibilidad a agua potable en el país.
La Resolución No. 91-25 aclara que cualquier actividad dentro del terreno destinado a esta construcción debe ser aprobada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) con el propósito de proteger los derechos de quienes residen en la zona.
El presidente José Raúl Mulino, durante su conversatorio semanal, señaló que esta declaración busca que todos los representantes del poder político (representantes, diputados, alcaldes, entre otros) apoyen a la ACP en todo lo concerniente al proyecto.
Agregó que las indemnizaciones a los residentes se harán con base en los avalúos que establece la ley de la Contraloría General de la República y el MEF para evitar irregularidades, además, se les reubicará en el área que elijan, ya que, esta financiación será responsabilidad de la ACP.
“Es fundamental que la comunidad vea que la ACP lo va a hacer como corresponde para despejar todas las dudas y maledicencia que se ha ensañado con el proyecto”, afirmó.