Proyecto intenta llevar el patrocinio legal gratuito a la esfera civil para beneficiar a familias humildes del interior del país

La Asamblea Nacional discute en segundo debate un proyecto de ley que le permitiría a personas de escasos recursos, sobre todo del interior del país, tramitar, bajo la figura del patrocinio procesal gratuito, sus procesos de sucesión intestada.

El proponente del proyecto, el diputado bocatoreño, Abel Becker, recordó que en la actualidad el Código Judicial no contempla esta figura para los casos que se ventilen en la esfera civil.

Sostiene que, sobre todo, en provincias como Bocas del Toro, Veraguas y el área central del país, muchas personas de escasos recursos no han podido reclamar sus herencias, primordialmente cuando no existe un testamento de por medio, debido a que no tienen medios económicos para pagar un abogado.

"Al respecto de las personas que fallecen sin dejar testamento, es un hecho cierto que dentro de su patrimonio, se incluyen bienes muebles, inmuebles, derechos posesorios, títulos de propiedad y otro tipo de derechos y bienes transferibles a título hereditario. No obstante, también es una realidad, que actualmente muchas personas a lo largo y ancho de la República de Panamá, no cuentan con los recursos necesarios para promover los procesos de sucesión intestada, los cuales implican forzosamente, la contratación de un abogado o profesional del derecho, los gastos propios del proceso y además, los de movilización, transporte y comunicación", sustenta el proponente.

El artículo 2 del citado proyecto de ley establece taxativamente: "Todo el que necesite promover o seguir un proceso, incluyendo los procesos de sucesión testada e intestada, cualquiera sea su cuantía, que sean de competencia de la Jurisdicción Civil, para la efectividad de un derecho que no haya adquirido por cesión, sucesión o tenga que defenderse de un proceso que se le haya promovido, tendrá derecho a patrocinio procesal gratuito, si reúne las condiciones".

Para obtener este beneficio, los aspirantes no deberán ganar salarios superiores a $5 mil anuales, que sus bienes inmuebles no alcancen un valor de $5 mil y quienes residan en áreas apartadas, de difícil acceso y similares tendrán que presentar una certificación del Juez de Paz y dos testigos que demuestren que son de escasos recursos económicos.

Le tocará al Órgano Judicial incorporar todos los años a su presupuesto las partidas que garanticen elcumplimiento de este beneficio social.

De acuerdo con el diputado Becker, la iniciativa conlleva "una solución para muchas familias que requieren entrar en uso y disfrute de los bienes de sus familiares fallecidos, pero que no disponen de los recursos para promover los procesos a través de abogados privados, y donde el Estado, en su deber de proteger los bienes de los ciudadanos, debe procurar también esa defensa efectiva y accesible para todos los panameños de escasos recursos, en garantía y tutela de sus derechos humanos".

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El Instituto de Defensa Pública incluiría la prestación de este servicio.