Manuel Noriega: el último de los generales istmeños

Muchos concuerdan en que el principio del fin para Manuel Antonio Noriega, quien se ascendió a sí mismo a "General de Fuerzas", empezó el 13 de septiembre de 1985.

Ese día, un grupo de soldados a su mando secuestró, y con posterioridad torturó y asesinó mediante decapitación, al médico guerrillero panameño Hugo Spadafora, quien había entrado por tierra a Panamá desde Costa Rica para, se tiene entendido, revelar los vínculos de Noriega con el narcotráfico.

El general

A Noriega se le debe la última transformación de la Fuerza Pública. Mediante una ley de 1983, la llevó de ser una organización paramilitar, con funciones duales de policía y ejército, a convertirse en una organización castrense en propiedad.

La bautizó con un nombre que todavía hoy tiene efectos en la mente de algunos panameños (de añoranza en unos, y de pesadilla en otros): las Fuerzas de Defensa, una copia de la homónima organización militar israelí.

Noriega llegó a la Comandancia de la Guardia Nacional en 1983, dos años después de la muerte de su mentor y protector, Omar Torrijos.

Antes de Noriega estuvieron en el cargo Florencio Flores y Rubén Darío Paredes. Este último salió de la Comandancia seguro de que con el poder de la Guardia Nacional llegaría a la Presidencia de la República. Se equivocó. Noriega quería todo el mando.

Nace el monstruo

Señala el ex legislador Alonso Villarreal (q.e.p.d.) en la ponencia "Sociedad y crisis nacional", presentada en el VI Congreso Nacional de Sociología, que a inicios de los ochenta la "militocracia" entraba en crisis.

Había muerto Torrijos en sospechosas circunstancias; los exiliados volvían, se había derrotado la reforma educativa, surgían grupos estudiantiles democráticos, se estaban fundando periódicos opositores; revivía el sistema de partidos políticos y hasta un presidente, Aristides Royo, había sido forzado a renunciar. El panorama no era bueno.

En ese contexto "los estrategas del proceso prepararon la ley de las Fuerzas de Defensa", para darle autonomía ante cualquier gobierno futuro.

Tenía que aprobarse en 1983, cuando todavía estaba en el poder la mayoría oficialista (las elecciones serían en 1984) y el dócil Consejo Nacional de Legislación seguía funcionando.

La Ley 20 de las Fuerzas de Defensa neutralizaba y hasta volvía nulos los avances democráticos, señala Villarreal, y restaba atribuciones a los recién establecidos órganos Ejecutivo y Legislativo.

Esta nueva ley se manejó bajo estricto secreto militar, de acuerdo con Villarreal. Hubo una reunión exploratoria con partidos de oposición (Panameñista Auténtico, P.D.C., MOLIRENA, PNP y el Liberal de Arnulfo Escalona).

Fue el Partido Demócrata Cristiano (al que pertenecía Villarreal) el que planteó en esa reunión que la institución armada debía ser reestructurada, para poder afrontar la democratización del país. El PDC proponía un Ministerio de Defensa, al estilo venezolano. Tal solución propiciaría una vinculación de doble vía entre el Poder Ejecutivo y la Guardia Nacional.

Por supuesto la idea no cuajó. La intención era otra. Los principales asesores del Estado Mayor, Renato Pereira, Marcel Salamín, Rómulo Escobar Bethancourt, Adolfo Ahumada, José Isabel Blandón y otros, tenían lista su ley.

La debacle

Una vez en la cima, Noriega se desbocó. Mandó asesinar a Hugo Spadafora en 1985, se rehusó a jubilarse y en su lugar jubiló a Roberto Díaz Herrera, primo del general Torrijos que le había ayudado a soportar el vendaval por la muerte de Spadafora, y se desató la crisis.

Con la fundación de la Cruzada Civilista, en 1987, Noriega empieza a tambalearse. Su reacción fue brutal. Arrestos, tortura, asesinatos, cierre de periódicos y emisoras de radio, e instauración de censores de prensa en los medios que quedaban abiertos.

Su vinculación con el narcotráfico salió a la luz también por esa fecha, y desde entonces todo fue cuesta abajo.

Sus compañeros de armas Leonidas Macías y Moisés Giroldi intentaron derrocarlo. Macías en marzo de 1988, y Giroldi en octubre de 1989. A este último el intento le costó la vida, aunque no en combate, pues lo acribillaron cuando ya se había rendido.

Mark Cisneros, el general que dirigió la invasión de Estados Unidos a Panamá, catalogó a Noriega así: "es un inepto, sin inteligencia y sin cabeza".

El 3 de enero de 1990 Noriega se entregó a las tropas invasoras, purgó condena por narcotráfico, y está en espera del veredicto de un juez que decidirá si lo extradita a Panamá, o lo envía a Francia a cumplir otros 10 años de prisión por lavado de dinero.