Almacenaje flotante de combustible: el último negocio que armó Araúz en la AMP
La empresa Monjasa logró sacar el permiso de operación para una embarcación que intentan convertir en un centro de almacenamiento de combustible flotante.
Recientemente, fue adquirido una
El exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, cerró con broche de oro su gestión marcada por escándalos, contratos directos a amistades, compra de millonarias plataformas digitales que no funcionan y otras irregularidades que ahora son parte de procesos legales en la Corte Suprema de Justicia.
Araúz ni siquiera guardó respeto por el aviso de advertencia del presidente José Raúl Mulino, al ganar las elecciones del 5 de mayo pasado, para que se detuvieran las contrataciones y permisos que representaran grandes negocios a pocas semanas del cambio de Gobierno.
Solo tres semanas antes de que se diera la transmisión de mando, Araúz silenciosamente dejó amarrado un negocio más para el grupo empresarial que siempre favoreció.
El 25 de enero de este año, la empresa Monjasa introdujo a Panamá la embarcación Monjasa Thunder desde África, con dimensiones tres veces más grandes que una barcaza de despacho de búnker.
El trámite de los permisos para que este barco operara en Panamá se dio en tiempo récord. La AMP autorizó incluir el Monjasa Thunder en la licencia de operación de la empresa Stward Inc., de Pablo Torres, el amigo personal de Araúz al que benefició desde el inicio de su administración con grandes contratos como el permiso de uso de un muelle en el astillero de Balboa y el contrato de alquiler exclusivo de las lanchas que transportan a los inspectores de marina mercante.
Torres también ya se había asociado a la empresa Monjasa para conseguir el permiso de concesión exclusiva para abastecer de combustible a todo barco crucero que llegue a puerto panameño. Esta arbitrariedad autorizada por la AMP hizo que la industria de cruceros se manifestara en contra de Panamá y se perdieran muchas fechas de llegada de estos barcos.
A pesar del daño ocasionado al país, Araúz salió en defensa del negociado que favorece a Monjasa y su amigo Pablo Torres.
En medio de todas estas concesiones bajo el beneficio de la exclusividad, Torres quedó siendo parte de la directiva de la empresa Monjasa de capital extranjero.
Ahora, a dos semanas del nuevo Gobierno, se conoce que el exadministrador de la AMP dejó armado un nuevo negocio para la misma asociación Monjasa-Pablo Torres.
La embarcación Monjasa Thunder fue autorizada por Araúz, tres semanas antes de dejar el cargo de jefe de la AMP, a realizar el negocio de barcaza para despachar combustibles a otros barcos en la bahía de Panamá. Sin embargo, la empresa promociona internacionalmente el barco Monjasa Thunder como un barco de almacenamiento flotante de combustible, algo que está prohibido en Panamá.
Monjasa también anunció la intención de importar y entregar producto con el barco. "Monjasa Thunder brindará múltiples servicios como la primera opción de almacenamiento flotante, mientras ejecuta operaciones de carga y abastecimiento", anunció la empresa a nivel internacional.
"Estamos siempre buscando formas de desafiar el statu quo y crear mayor flexibilidad para armadores dentro y en las cercanías del Canal de Panamá – combinar operaciones de abastecimiento, almacenamiento y carga, es algo que nadie ha hecho antes", declaró el gerente y director de Monjasa para América, Rasmus Jacobsen.
Sin embargo, expertos afirman que todas las terminales de almacenamiento deben tener su licencia de zona libre emitida por la Secretaría de Energía, y todo el producto que sea importado al país debe pasar por los terminales de zona libre autorizados y estar declarado con la Secretaría de Energía y la Dirección General de Ingresos.
Monjasa en ningún momento se ha acercado a la Secretaría de Energía para solicitar licencia o consulta alguna para operar bajo el marco legal, según pudo investigar este medio de comunicación.
Esta actividad también estaría incurriendo en competencia desleal dentro del mercado, ya que, al utilizar supuestas evasivas, eludirían los pagos a las terminales, lo cual pone en riesgo el comercio, inversiones internacionales y locales, así como el empleo de más de 1,000 personas que laboran directamente en dichas terminales. Esto sin mencionar que las inversiones realizadas por empresas locales dentro de las terminales quedan sensitivamente comprometidas.
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