Canciller Isabel de Saint Malo alerta de que "se acaba el tiempo" para penalizar fraude
"Se nos acaba el tiempo para lograr la aprobación de la ley de delito penal por evasión fiscal. Hago un llamado a los diputados. Las consecuencias afectarán a todos los panameños", dijo la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.
El país se arriesga a ser nuevamente incluido en la lista gris del GAFI
La vicepresidenta y canciller panameña, Isabel de Saint Malo, pidió este martes a los diputados aprobar un proyecto legislativo que busca tipificar como delito penal la evasión fiscal, y alertó de que "se acaba el tiempo" y de que la no aprobación de la ley tendrá "consecuencias" para la economía.
"Se nos acaba el tiempo para lograr la aprobación de la ley de delito penal por evasión fiscal. Desde el ejecutivo se hacen los esfuerzos pero está en manos de @asambleapa (Parlamento). Hago un llamado a los diputados. Las consecuencias afectarán a todos los panameños", dijo la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.
El Parlamento de Panamá retomó esta semana la discusión del proyecto de ley 591, que busca tipificar como delito penal la evasión fiscal y castigar con penas de entre 2 y 5 años de cárcel a quien evada más de 300,000 dólares en impuestos.
La iniciativa legislativa, que necesita ser avalada en tres debates para convertirse en ley, fue presentada por el Gobierno en enero de 2018 en el Parlamento, de mayoría opositora, pero no fue aprobado en primer debate hasta el pasado 30 de octubre.
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El Gobierno panameño lleva meses alertando de que el país se arriesga a ser nuevamente incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) si el Parlamento no aprueba este proyecto de ley y que esto tendría efectos negativos en su sistema financiero.
Panamá salió en 2016 de la lista gris, en la que ingresó dos años antes por presentar deficiencias en la lucha contra el blanqueo de dinero, tras acometer una serie de reformas y comprometerse a penalizar la evasión fiscal.
La penalización con cárcel de la evasión fiscal es una propuesta que genera cierta polémica en Panamá y que es demandada por distintos organismos multilaterales como Fondo Monetario Internacional o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Panamá y Bahamas son los únicos países de la región que ni castigan con cárcel la evasión fiscal ni la tipifica como un delito precedente del lavado de dinero, según datos oficiales.
La actual legislación panameña considera la evasión fiscal una falta administrativa y solo contempla multas de entre 2 y 5 veces el impuesto defraudado al fisco.
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Los que defienden la iniciativa consideran que mejorará la recaudación, disminuirá la desigualdad y ayudará al país a desprenderse de la imagen de paraíso fiscal, mientras que sus detractores aseguran que Panamá perderá competitividad como centro financiero y cederá parte de su soberanía.
La plataforma financiera panameña lleva varios años bajo la lupa de distintos organismos internacionales por su supuesta falta de transparencia y las críticas arreciaron tras la inclusión de Panamá en la lista gris del GAFI y tras el escándalo de los denominados papeles de Panamá.