El 68 % de los software instalados en Uruguay son ilegales, según estudio

 El 68 % de los software instalados en computadores en Uruguay no cuentan con una licencia, por encima del 55 % de media en Latinoamérica, a pesar de la conexión entre el software sin licencia y los ciberataques, según la Investigación Global de Software de la alianza de empresas tecnológicas BSA. Según el estudio, el valor comercial del software ilegal utilizado en Uruguay, es decir, el monto que hubiera recaudado el mercado de haber tenido licencia, asciende a 57 millones de dólares y su instalación crece "a un ritmo alarmante". A juicio de BSA, esta situación "demuestra que el país no ha hecho grandes avances en materia de educación y concientización sobre el uso legal de software y el correcto uso del programa interno de gestión de activos de software (SAM)". En este sentido, la compañía resalta que es "imperativo" para las empresas conocer qué software se utiliza dentro de su red, ya que según se desprende del estudio, muchos de los directores de Informática "no conocen el alcance del software implementado en sus sistemas o desconocen si el software es legítimo". "Los directores (de Informática) estiman que un 15 % de sus empleados cargan software a sus redes sin su conocimiento. Pero están subestimando el problema de manera significativa; casi el doble (26 % de los empleados) dicen que cargan software sin autorización a la red" indicó Rodger Correa, director de Marketing para Latinoamérica de la BSA en un comunicado. Según explica la compañía informática, al utilizarse software sin licencia, las probabilidades de encontrarse con un programa malicioso "son altas" y los costos de lidiar con ellos pueden resultar "abrumadores". Solo en 2015 las empresas tuvieron que afrontar un gasto de 400.000 millones de dólares en ciberataques y los malware descubiertos ascendieron a 430 millones, un 36 % más que en 2014, destacó BSA. Asimismo, el comunicado resaltó que el uso que estos programas sin licencias reducen "la cantidad de impuestos que puede recaudar el gobierno local y afecta la estructura de servicios que existen para apoyar software en el mercado local", y causan "serios problemas legales y multas", además de potenciales problemas de reputación.