Elevación del déficit fiscal podría reactivar la demanda efectiva, aunque también implicaría más deuda
La Ley 34 de 2008 establece límites máximos anuales de déficit fiscal permitidos para el sector Público No Financiero con el objetivo de reducir el crecimiento de la deuda pública, lograr su sostenibilidad a largo plazo y permitir un manejo ordenado de las finanzas públicas.
El país tendría que asumir posteriormente, el pago de ese déficit.
La aprobación en segundo debate del proyecto de ley que eleva el déficit fiscal a 3.5% significa que el Gobierno puede aumentar los gastos, aunque no tenga los recursos disponibles, según indican economistas.
El expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, Olmedo Estrada, explicó que significa que al final se puede gastar hasta un 3.5% más del porcentaje del presupuesto, pero después se tiene que buscar los recursos para cubrir ese déficit.
"Ese dinero se tiene que buscar a través de financiamientos, préstamos, venta de bonos, es decir, es un compromiso que el país tiene que asumir para que el gobierno tenga facilidades de usar ese dinero", señaló.
A su juicio esta medida va a afectar al panameño porque son deudas que adquiere el gobierno y que para el futuro podría limitar recursos para atender las necesdades que tiene el pueblo panameño.
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Por su parte, el economsita Juan Jované, destacó que a corto plazo, le permitirá al Estado gastar un poco más y eso en principio debería aumentar la demanda efectiva.
Sin embargo, destacó que con esta ley se envía una señal hacia el mundo que no es la más conveniente, porque cada gobierno la cambia a su medida y "damos la impresión de que la política económica en este país es errática o probabilística y no un compromiso efectivo".
La Ley 34 de 2008 establece límites máximos anuales de déficit fiscal permitidos para el sector Público No Finanaciero con el objetivo de reducir el crecimiento de la deuda pública, lograr su sostenibilidad a largo plazo y permitir un manejo ordenado de las finanzas públicas.
El Proyecto de Ley eleva el tope máximo de déficit para la vigencia fiscal del 2019 a 3.5% del PIB, para luego disminuirlo paulatinamente y llevarlo al 2.0% del PIB a partir del año 2022.
De acuerdo con las autoridades, esta medida se toma luego que la pasada Administración confrontara dificultades a finales del año 2018 para cumplir con la meta fiscal establecida para ese año, lo cual la obligó a modificar hacia
arriba dicho límite.
Desde el inicio del año en curso la administración saliente continuó confrontando dificultades para cumplir con la meta por ellos establecida para el presente año.
"Prueba de lo anterior es que, al finalizar el primer trimestre del 2019, si bien el déficit fiscal a esa fecha se encontraba dentro de los límites permitidos por la Ley, los ingresos corrientes en efectivo, del Gobierno Central acumulados a esa fecha, estaban 19.8% por debajo de lo presupuestado y el ahorro corriente se tornó negativo por un monto de $318.0 millones, frente a un gasto de capital de $950.0 millones", explicó.
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