Mulino advierte a ministros sobre pago a la CSS: 'Fondos no son para traslados de partida'

Ese relajo de que el Gobierno no paga las cuotas de la Caja de Seguro Social (CSS) que descuenta a los funcionarios públicos llegará a su fin en esta administración, o al menos eso es lo que pretende el presidente José Raúl Mulino.

Mulino anunció que ordenó a los miembros de su Gabinete que cumplan, sin excepciones, con esta obligación, misma que en administraciones anteriores pasaron de largo causando una herida abierta en la CSS.

En este sentido el mandatario reveló que hay un ministerio, cuyo nombre no mencionó, que tiene una deuda alrededor de 17 millones de dólares desde hace más de 10 años.

Mulino señaló que esta situación no puede seguir ocurriendo; por ello, en Consejo de Gabinete reiterará su llamado a las autoridades para que atiendan el tema.

Afirmó que el presupuesto para la vigencia fiscal 2026 contempla los fondos suficientes para hacer estos desembolsos; por lo tanto, ninguna institución debería estar morosa con la CSS; al contrario, los pagos deben efectuarse sin inconvenientes.

El presidente reiteró que las partidas destinadas a esta obligación no deberían ser trasladadas a otras entidades para atender problemas ajenos a su propósito original, que es garantizar la atención médica de los funcionarios y sus futuras jubilaciones; para ello, se buscarán otras fuentes presupuestarias.

La CSS presentó, hasta el mes de julio, 585 querellas penales ante el Ministerio Público por retención indebida de cuotas que ascienden a 13 millones de dólares, una falta cuya pena oscila entre los 2 y 4 años de prisión.

El exalcalde del distrito de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, también mantiene una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta comisión de este delito que atenta contra la salud de los trabajadores.

Mulino recordó que este mes se cumple un año de la presentación y discusión del proyecto de reformas a la CSS en la Asamblea Nacional, cambios que, en su momento, llegó a pensar no prosperarían por todas las opiniones generadas al respecto, pero tras la falta de liquidez de la entidad que requirió la aprobación de una ley transitoria (No. 186) para suplir los pagos del mes de febrero del año 2025, confió en que los resultados serían positivos.

Esta iniciativa ordenó al Estado transferir 91 millones de dólares a la CSS para cubrir el pago de las jubilaciones y pensiones de las más de 300 mil personas que, hasta la fecha, conformaban el sistema; dicho monto es deducible de los $966 millones que aportará el Estado al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte.

La citada contribución, de acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, saldrá de los aportes del Canal de Panamá, ahorros y recortes de gastos e impuestos, sin que ello implique nuevos aumentos. 

Además, se busca que la utilización del presupuesto sea más “prudente, responsable y disciplinada”, para alcanzar los $1,187 millones que se destinarán anualmente a la seguridad social.

La ley No. 462 mantiene la edad de jubilación de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, y establece que los empresarios deberán hacer frente a un incremento gradual del 3% en la cuota obrero patronal, es decir, aportarán al programa de jubilaciones y pensiones aproximadamente $180 millones hasta el año 2029.