Negociación con PPC es un 'riesgo de tiempo y dinero'
Empresarios y abogados consultados sostienen que los intereses colectivos deben estar siempre por encima de los de la empresa portuaria.
El abogado Pedro Meilán, insiste en que el Estado panameño no debe indemnizar a PPC por un terreno que le pertenece.
La dilatación por parte de Panama Ports Company para llegar a un acuerdo con el Estado panameño en el pago de una indemnización por la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal, iría en perjuicio del bien colectivo, aseguran empresarios y abogados.
La construcción del Cuarto Puente sobre el Canal tiene algunas modificaciones y desafíos técnicos que involucran las instalaciones de Panama Port Company (PPC), empresa con la que el Estado tuvo que firmar un preacuerdo de indemnización por un monto de $30 millones.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) evalúa un nuevo alineamiento y rediseño para bajar el costo del Cuarto Puente y separarlo de la Línea 3 del Metro de Panamá.
Rafael Sabonge, ministro de Obras Públicas, dijo que el preacuerdo les da 180 días para llegar a un acuerdo final con Panama Ports Company, de lo contrario se tendrían que suspender los trabajos.
Agregó que la empresa aspira a algo más , lo cual es "un riesgo de tiempo y dinero".
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Los empresarios plantean que se debe anteponer el bien colectivo y no el privado porque el Cuarto Puente sobre el Canal es una obra de gran necesidad para las miles de personas que viven después del Puente de las Américas.
"Este es un proyecto que debió empezar ya, y está retrasado sin ninguna justificación. Yo puedo entender las aspiraciones de una empresa, pero las negociaciones tienen que darse de la manera más ágil por el bien colectivo", expresó Julio de la Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empesa Privada (Conep).
A juicio de la Lastra, sea cual sea el resultado de la negociación, debe terminar inmediatamente para entonces empezar a ejecutar la obra que está atrasada.
"Esta no es una obra de capricho, sino de necesidad, por lo que no se debe lucrar", añadió.
Mientras que para el abogado Pedro Meilán, el Estado panameño no debe indemnizar a PPC por un terreno que le pertenece, porque todo lo que ha hecho es "jugarle vivo ".
"Hay una concesión, la cual vence el próximo año y ahora hay que pagarle por una obra, cuando ese terreno es del Estado y la empresa no ha sido clara en el pago de dividendos en las dos décadas de concesión", manifestó.
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Meilán considera que la mega obra es de vital importancia para la población, por lo que no debe haber más retraso en el tema.
La construcción del Cuarto Puente sobre el Canal, que tiene un costo de mil 500 millones de dólares, beneficia directamente la circulación de más de 130 mil vehículos diarios que se desplazan entre las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
La obra fue licitada y adjudicada bajo la administración de Juan Carlos Varela a favor del consorcio Panamá Cuarto Puente, integrado por las compañías China Harbour Engineering Company y China Communications Construction Company.
En mayo de 2019, el gobierno de Juan Carlos Varela le dio un primer pago de 67 millones de dólares al Consorcio Panamá Cuarto Puente.
Revisión de concesiónEn tanto, el ministro consejero, José Alejandro Rojas, ha dicho que antes de renegociar la concesión con Panama Ports Company, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo haría una revisión al contrato firmado en 1997 y que vence en 2022.
En 23 años de concesión, el Estado solo ha recibido por parte de Panama Ports Company cuatro pagos de dividendos por $8 millones. En 2015, entregó al Tesoro $1 millón por el 10% de las acciones del Estado; en 2017, $2 millones; en 2018, $2 millones, y en 2019, $3 millones. En canon por movimiento de contenedores, PPC ha entregado $415 millones.
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