Operación Pandora: El fraude en la DGI obliga a bancos y aseguradoras a pagar doble

El escándalo de corrupción dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI), bautizado como el "Operación Pandora", ha destapado una red de manipulación informática que obligará a grandes corporaciones, bancos y aseguradoras a desembolsar millones de dólares en impuestos que creían haber cancelado.

La mecánica del fraude y el destino de las investigaciones han sido analizados a fondo por el abogado y contador Raúl Molina, quien en Nex Noticias desmitifica la complicidad de los grandes compradores de cartera, apunta directamente al corazón del sistema E-TAX y frena en seco las propuestas políticas inviables.

El origen: ¿Qué pasó en la DGI y qué es el "Operación Pandora"?

El caso estalló al descubrirse una supuesta red criminal operando dentro de la DGI que según las autoridades desviaba pagos reales de contribuyentes. El esquema consistía en interceptar el dinero de un contribuyente que pagaba sus obligaciones de buena fe.

Seguidamente, reasignaba ese pago a otras cuentas dentro del sistema E-TAX para borrar el rastro y se creaba un crédito fiscal ficticio (un saldo a favor de papel, sin dinero real que lo respaldara).

Posteriormente se traspasar ese crédito falso a sociedades instrumentales de la red corrupta, que luego los vendían con descuento en el mercado financiero.

Bancos y aseguradoras: Sin dolo, pero obligados a pagar de nuevo

Molina considera que el foco económico es claro: las grandes empresas que compraron estos créditos fraudulentos tendrán que volver a pagar sus impuestos.

Además descarta que exista dolo (intención de estafar) por parte de los bancos y aseguradoras involucradas. 

"Yo veo muy difícil que haya dolo... al final ese dinero que pagaron para la adquisición de estos créditos lo van a perder y van a tener que pagar los impuestos correspondientes", opinó Molina quien añadió que "le corresponde a la DGI ver cómo corrige la situación". 

También considera que la pérdida es doble: Estas entidades pagaron dinero real a la red corrupta para adquirir los créditos (con descuento) y ahora la DGI les anulará esos créditos por ser falsos.

Y un dato no menor es el golpe a los accionistas. Molina señala que ningún gerente general asumiría el riesgo de perder millones de dólares de manera intencional, sabiendo el reclamo inmediato que enfrentarían por parte de la junta directiva y los inversionistas. No obstante, aunque para el experto el dolo quedaría descartado, el fallo de cumplimiento y de debida diligencia de sus controles internos es innegable por lo que debe haber una investigación interna.

La ruta del dinero es digital: Hay que investigar a Informática

Molina advierte que las detenciones actuales podrían estar errando el tiro. De los 14 detenidos iniciales, prevé que varios saldrán libres porque no se podrá probar su vinculación.

Para el analista, el Ministerio Público debe enfocar la lupa en un área específica: los administradores del sistema informático.

Acceso privilegiado: Alterar el destino de un pago, borrarlo del sistema para un contribuyente y reasignarlo a un tercero en la base de datos del E-TAX no es algo que pueda hacer un cajero o un funcionario común.

Auditoría forense: Se requiere un peritaje técnico de alto nivel para identificar qué perfiles de usuario y niveles de acceso (que dependen de la jerarquía) autorizaron estas transacciones dentro del código y la base de datos de la plataforma.

La propuesta de APEDE: Un callejón sin salida constitucional

Ante la crisis, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) sugirió crear una agencia tributaria autónoma e independiente del gobierno central. Sin embargo, Molina califica esta propuesta como inviable en el marco legal actual.

Recordó que hace unos 15 años se creó la Autoridad Nacional Tributaria, y la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional.

Dijo que la Constitución panameña establece explícitamente que la recaudación y administración de las rentas públicas debe estar bajo el control del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Opinó que crear una agencia autónoma es imposible sin antes realizar una reforma constitucional profunda o redactar una nueva Constitución.