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Panamá se mantendrá en lista discriminatoria de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

La Comisión Europea deberá hacer correcciones a la decisión que tomó hace tres semanas mediante la cual recomendaba la exclusión de ocho países de la lista.

Francisco Paz - Actualizado:

Logo del Parlamento Europeo, organismo que decide la exclusión de la lista discriminatoria. Imagen: Internet

El Parlamento Europeo no acogió la recomendación de la Comisión Europea de suprimir de la lista de países de alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo a Panamá y otros siete estados. 

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En un fallo divulgado el pasado 2 de julio, el Parlamento solicitó a la Comisión que presente un nuevo acto delegado que tenga en cuenta las preocupaciones expuestas por este organismo, además de otras recomendaciones. 

En efecto, el Parlamento Europeo pidió reconsiderar el procedimiento de revisión de la lista, debido a sus deficiencias a la hora de abordar las jurisdicciones que plantean graves riesgos sistémicos pero que no están incluidas en la lista del Gafi. 

Además, que la Comisión Europea evite basarse únicamente en las clasificaciones del Gafi, que a su juicio son insuficientes y excesivamente restrictivas.

Plantea que votar sobre todos los países en un único acto conlleva el riesgo de que países cuya exclusión se propuso correctamente no sean eliminados de la lista, y viceversa.

Panamá fue incluida en esta lista, en mayo de 2020 y desde ese entonces se han realizado esfuerzos porque sea retirada, mismos que se han intensificado en este Gobierno. 

Un comunicado de la Superintendencia de Bancos, cuando Panamá fue incluida, indicaba que respondía a la metodología de la Unión Europea (UE), toda vez que si un país está incluido en la lista de la Ocde y el Gafi, pasa entonces a estar incluido en la lista de la UE. 

Y estos criterios de evaluación han vuelto a la palestra, con las recomendaciones que le pide el Parlamento Europeo a la Comisión Europea, que se ubican especialmente a los criterios de inclusión y exclusión, los que, a su juicio, deben ser más rígidos. 

Esto lo plantea por el avance del crimen organizado en cometer estos delitos usando herramientas tecnológicas y a través de monedas virtuales y sistemas de financiación digital.  

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