'Panameños han venido entendiendo que sí existe la posibilidad de una minería responsable'

La minería sostenible en Panamá es un hecho; la industria, al contrario de lo que algunos ciudadanos creen, también se preocupa por el futuro de las próximas generaciones; por ello, ejecuta prácticas responsables para que su impacto no sea únicamente económico, sino también social y ambiental.

El desarrollo sostenible, según Harley Mitchell, abogado ambientalista, va más allá del tema ambiental; en el caso de la minería, busca que la explotación de los recursos minerales se haga con mesura, siguiendo las leyes técnicas, científicas y jurídicas.

Mencionó que, más que convencer a los panameños de que la minería es amigable con el ambiente, se debe explicar a profundidad cómo funciona para que dejen de politizarla y entiendan que, aunque no es un recurso renovable, se puede desarrollar previniendo su efecto futuro. Prueba de ello es la aprobación del Plan de Preservación y Gestión Segura de la mina de cobre en Donoso, una medida que coloca la gestión ambiental por encima del rédito económico.

Panamá, de acuerdo con Mitchell, posee los elementos necesarios (leyes, institucionalidad y profesionales) para afrontar la reactivación de la actividad sin perjudicar los derechos y recursos de las generaciones venideras.

Severo Sousa, presidente de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), coincide con el especialista en que la reapertura de la mina es viable; incluso considera que la empresa Cobre Panamá obtendrá una calificación "bastante alta" en el informe de auditoría solicitado por los ministerios de Comercio e Industrias y Ambiente.

Tras el cese de operaciones, el país dejó de percibir alrededor de 3,500 millones de dólares, cerca de 2,000 empresas desaparecieron y más de 40,000 ciudadanos quedaron cesantes, incrementando el índice de desempleo.

Dichas consecuencias, a juicio de Sousa, han calado en los panameños, ocasionando que poco a poco estén más dispuestos a recibir información de la mina.'

2,000

empresas desaparecieron tras el cese de operaciones de Cobre Panamá.

 

3,500

millones de dólares dejó de percibir el Estado desde noviembre de 2023.

 

"Han venido entendiendo que sí existe la posibilidad de una minería responsable y sostenible", dijo.

El presidente de Camipa sostiene que lo que más preocupa a la población en torno a la actividad minera es el manejo de las regalías; por ello, ha sugerido al Ejecutivo analizar la posibilidad de implementar el programa "obras por impuestos", que consiste en que las empresas, en lugar de liquidar parcial o totalmente las cargas tributarias, utilicen los fondos para ejecutar obras en las comunidades cercanas al proyecto.

Propone también reforzar la institucionalidad de la Dirección Nacional de Recursos Minerales con miras a que se convierta en una autoridad con la capacidad y presupuesto suficientes para supervisar adecuadamente las operaciones mineras independientemente de su clasificación (metálica y no metálica).

Agustina Varela, superintendente de Relaciones Externas en Cobre Panamá, indicó que su objetivo es seguir impulsando el desarrollo sostenible y contribuir a la formalización laboral y disminución del desempleo.

Aseguró que, por cada empleo directo, la industria minera genera entre 3 y 4 indirectos, lo que demuestra su relevancia para el desarrollo socioeconómico de Panamá y sus habitantes.

"Aparte de nuestros colaboradores, necesitamos proveedores, contratistas y consultores; eso eleva la capacidad de contrataciones y dinamiza el encadenamiento de trabajo a nivel nacional con salarios justos y empleos formales", acotó.

Sondeo de opinión

Una encuesta de CID Gallup Panamá, realizada entre abril y marzo, reveló que la minería es considerada por los ciudadanos como una industria estratégica para el crecimiento del país y están de acuerdo con su reactivación siempre y cuando se haga bajo reglas claras, de manera transparente y con beneficios visibles.

Ana Patricia Alfonso, presidenta de la empresa encargada de la investigación, señaló que el 69% de los encuestados afirmaron que su percepción sobre el proyecto cambiaría si se demuestra que los apartes están orientados a mejorar sus condiciones de vida.

Los panameños recomiendan que las utilidades de la mina se empleen en salud, educación, agua, saneamiento y reforestación.