Reforma sobre la evasión fiscal enciende polémica

La modificación al artículo 288 de la Ley 70 que reforma el Código Penal y que exime de pena a quien pague la obligación tributaria defraudada, que será presentada ante la Asamblea Nacional, ha generado reacciones de preocupación en diferentes sectores.

Expertos en materia tributaria advierten que hay que tener cuidado con la eliminación de la excusa absolutoria por el pago de los montos supuestamente defraudados frente a una pena que no es ejemplarizante, ya que el delito fiscal tiene como último fin la recaudación.

"Nos estamos disparando en el pie, restándonos competitividad como país, con el objetivo de complacer al Gafi", sostienen.

Javier Mitre, académico de Derecho Tributario, indicó que no podemos perder de vista que los delitos fiscales no son como los comunes, los fiscales solo tienen fines recaudatorios.

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Por su parte, el exdirectivo del Colegio de Abogados, Alfonso Fraguela, destacó que es una medida peligrosa.

"Por pretender ser competitivos no podemos convertir el país en un gran centro penitenciario. Antes de tomar acciones de ese tipo deben analizarse, con una visión amplia, los efectos jurídicos de esta modificación", sostuvo.

Destacó que el Estado debe ejecutar normas fiscales que eviten la defraudación, porque en principio lo que se busca es la recaudación tributaria y que los ciudadanos cumplan con sus compromisos tributarios.

Durante la pasada administración, los ingresos estuvieron por debajo de lo presupuestado.

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Los ingresos corrientes acumulados a julio de 2019 se encuentran en $1,070 millones por debajo de lo presupuestado hasta el mes de julio de 2019, según la Dirección General de Ingresos (DGI).

En el periodo acumulado de enero a julio de 2019 se tenía presupuestado recaudar ingresos corrientes del Gobierno Central por la suma de $4,914 millones, pero se obtuvieron $3,843 millones.

En términos porcentuales, esto significa que la recaudación de ingresos está 21.8% por debajo de lo planificado por el Gobierno pasado.

Fraguela sostiene que esta situación también podría afectar las inversiones, ya que los pondría en alerta.

"Ellos investigan el mercado donde colocarán su dinero y ello incluye las normativas fiscales para evitar problemas. Si sienten que el sistema es extremadamente rígido, podrían considerar no participar en la vida comercial del país", sostuvo el abogado.

Mientras que el empresario Severo Sousa indicó que los gremios agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada respaldan el cambio sugerido porque lo que limita es el número de veces que una empresa puede caer en algún tipo de evasión fiscal y considerarse una falta administrativa, y luego si se repite, sería considerado como delito fiscal y llevaría un tratamiento penal.

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"Esto sigue dando el beneficio de la duda a la empresa de que haya cometido un error y le da la oportunidad de subsanarlo. Esto es más flexible de cómo se trata el delito fiscal en la mayoría de los países que componen la inversión extranjera en Panamá, por lo que creo que sigue siendo favorable para ellos y no debería tener repercusiones negativas", dijo.

Al respecto, el director de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, explicó que la modificación al artículo 288-J del Código Penal para buscar que la excepción a la sanción que impone el actual artículo sea cónsona con el efecto disuasivo que debe tener toda norma penal y que garantice que las sanciones impuestas por delitos fiscales y el lavado de activos cuyo origen es el delito fiscal.

"Lo que se busca es impulsar la transparencia, un Estado de ley orden y garantizar una economía competitiva que genere empleos", manifestó Publio De Gracia.

Mientras que el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, señaló durante el Consejo de Gabinete que con esta medida se envía un mensaje de cero tolerancia a la defraudación fiscal y, además, coloca a Panamá como un país mucho más competitivo.

Para el economista Adolfo Quintero una modificación a la evasión fiscal no es mala para la economía nacional, siempre y cuando no se utilice como instrumento político.

Quintero explicó a Panamá América que el sistema tributario de Panamá es territorial y, por tanto, no podemos incursionar en otra jurisdicción fiscal porque la Constitución y la ley lo prohíben.

"Tengo entendido que la propuesta surge de una inquietud de los organismos internacionales, sobre todo del Grupo de Acción Financiera (Gafi)", resaltó.