Albergues reincidieron en 'faltas graves' y abusos, según la Senniaf

Contrario a lo que los hechos parecen denotar, el actual gobierno afirma que ha estado activo en la sanción de albergues infantiles y en la denuncia penal de casos de presunto abuso a menores de edad.

Una fuente oficial facilitó a Panamá América un cuadro elaborado por la Secretaría Nacional de la Niñez, Infancia y Adolescencia (Senniaf) con 10 albergues sancionados, cuatro de los cuales fueron denunciados penalmente por presuntos delitos de abuso infantil (ver la ilustración adjunta).

El cuadro no especifica el lapso que abarcan las investigaciones y solo señala que incluye casos hasta enero de 2021.

Las denuncias penales van desde delitos contra la libertad e integridad sexual en contra de una niña durante su estadía en el albergue, delitos contra el orden jurídico, familiar y estado civil, en la modalidad de maltrato a niños y por el delito de presunto abuso sexual.

De acuerdo con la información, una de las denuncias penales fue interpuesta por la Secretaría Nacional de la Niñez, la Adolescencia y la Familia el 14 de diciembre del año pasado.

Mientras que las sanciones administrativas aplicadas incluyen el "reiterado incumplimiento" de las normas que regulan la apertura y funcionamiento de los albergues y el respeto al bienestar de los menores.

Algunas faltas encontradas en este renglón en los albergues fueron catalogadas como "muy graves" en el citado informe.

Otra de las irregularidades sancionadas son la falta de planes de intervención individualizada (atención personalizada de cada menor de edad).

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Además, falta de planes y programas que garanticen la protección integral de los menores y el incumplimiento de los directores de los albergues de garantizar los derechos de salud física, mental y jurídica de los niños que están bajo su responsabilidad.

Otros fueron cerrados simplemente porque no contaban con fondos para seguir operando.

Equipo interinstitucional

Las reacciones de los miembros de las instituciones que conforman la Junta Directiva de la Senniaf siguen siendo contradictorias.

Ayer, la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, aseguró que desconocía lo que estaba sucediendo en los albergues, pero dijo que luego de las denuncias sobre abusos se creó un equipo interinstitucional para atender a los niños que están recluidos.

No obstante, indicó que se han efectuado más de 35 inspecciones en menos de una semana, mientras que la Junta Directiva de la Senniaf revisa todos los temas de urgencia, para lo cual solicitó una auditoría.

"Queremos saber dónde están los niños para hacer las intervenciones inmediatas, porque si tenemos conocimiento sobre un niño en situación de vulnerabilidad y peligro que atente contra su vida, dignidad e integridad, nosotros tenemos que intervenir", puntualizó.

El Ministerio de Educación creó un equipo interinstitucional de psicólogos, trabajadores sociales y docentes de educación especial para niños con discapacidad que supuestamente han sido abusados para darles tratamiento y hacer un plan de recuperación de forma más inmediata, pero sobre todo, sacarlos del entorno en donde puedan ser vulnerados.

En cuanto a las denuncias de casos de niños en albergues que están becados y se desconoce el destino de ese beneficio, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) tiene la tarea de verificar la cantidad de albergados que enfrentan esta situación.

Denuncian a funcionarios

Por otro lado, ayer el abogado Abdiel González, en representación de la profesora Niura Rodríguez, acudió a la Procuraduría de la Nación a presentar una denuncia criminal en contra de funcionarios y exfuncionarios vinculados al tema de los albergues.

La denuncia involucra a la ministra del Mides, María Inés Castillo, la viceministra Milagros Ramos, la directora de la Senniaf, Mayra Inés Silvera, la exdirectora de esta institución Sara Rodríguez, la exsubdirectora y actual gobernadora, Carla García, y la exministra Markova Concepción.

González indicó que espera que estas personas sean investigadas por los presuntos delitos contra la administración pública, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos y por cualquier otro delito que surja.

La denuncia se basa en diversas publicaciones hechas por distintos medios de comunicación sobre los supuestos abusos cometidos en algunos albergues regentados y financiados por el Estado.

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Mientras que la Comisión de la Mujer, Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional creará una subcomisión que se encargará de citar a magistrados, tribunales de familias y Organizaciones No Gubernamentales para abordar los casos de presuntos abusos en albergues.

Esta comisión realizó un informe que expone casos de maltratos y abusos a menores en más de 14 albergues financiados por el Estado, e interpusieron una denuncia penal.

Tras esto, el Ministerio Público inició una investigación, al tiempo que el Pleno de la Asamblea citó a la titular del Mides y a la directora y exdirectoras de la Senniaf para que respondan un cuestionario.