Corte debe respetar voluntad de membresías de RM y Alianza

Faltando solo 53 días para las elecciones generales una nueva demanda en manos de la Corte Suprema de Justicia enrarece aún más el complicado ambiente electoral que vive Panamá en la actualidad.

A juicio de Ceyla Peñalba, abogada especialista en materia electoral, este nuevo recurso va a despertar “mucha inquietud innecesaria en estos momentos”.

Piensa que la Corte Suprema tendrá que ponderar el daño que va a causar la cantidad de personas idóneas en firme que están en sus campañas, para después decir que no van a ser electos.

“No comprendo como estas formalidades pasan. Si es admitida, los magistrados sabrán contar el calendario electoral, que es muy estrecho, para el procedimiento que se debe hacer y al final de cuentas salir que lo que el Tribunal Electoral decidió era correcto o no”, sostuvo.

La Corte Suprema de Justicia se ha metido con el proceso electoral de este año, al proceder contra el candidato que tenía mayor popularidad, Ricardo Martinelli Berrocal, según las encuestas de opinión, para las próximas elecciones.

En una causa muy singular, resolvió el caso en solo siete meses, saltándose pasos establecidos en el Código Procesal Penal y, por consiguiente, violando el derecho a la defensa del exmandatario.

Adicional, ha iniciado un proceso penal contra una candidata presidencial por libre postulación, Zulay Rodríguez, que ha tenido que renunciar a su curul como diputada para evitar mayores dolores de cabeza que enturbien su campaña electoral.

Ahora, una demanda contra la decisión del Tribunal Electoral de reconocer a José Raúl Mulino como candidato presidencial de Realizando Metas y Alianza, tras inhabilitar a Ricardo Martinelli, consigue que otra vez la incertidumbre se tome el ambiente electoral que se vive.

“Que reine el razonamiento en estricto derecho y no se tuerza la voluntad de las membresías de partidos que están esperando verse representadas”, es lo que espera Peñalba.

La abogada sostuvo que el Tribunal Electoral ya habló y expuso las razones por las que se dejó correr a Mulino.

Ese acuerdo abordó temas constitucionales como aquel en el que el candidato presidencial debía salir en una nómina completa y que el vicepresidente no es cualquier suplente, ya que la Constitución le tiene atribuciones específicas.

Sin embargo, la propia Carta Magna establece que cuando un presidente y un vicepresidente se ausentan por 90 días o más, existe la posibilidad de designar un ministro.

“El juego de palabras es lo peligroso en estos momentos y no el derecho”, advirtió la especialista.

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