Cuestionan a fiscales que no saben identificar cuando están frente a un delito o no

Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá (AAPP), manifestó que no entiende cómo puede ser posible que todavía el procurador general, Eduardo Ulloa, mantenga en la Fiscalía Anticorrupción a fiscales que "no saben identificar cuándo tienen un delito penal enfrente y cuándo no".

"Si no saben si tienen un delito enfrente, cómo van a ser fiscales anticorrupción, es así de sencillo como se los estoy diciendo", indicó el abogado penalista.

Las declaraciones de Vallarino se dan luego de que la Corte Suprema de Justicia negó la casación interpuesta por el Ministerio Público en contra del sobreseimiento definitivo, dictado en favor de Guillermo Saénz Llorens en el caso de presuntos delitos contra la administración pública en la Caja de Seguro Social.

Vallarino indicó que la mala actuación de los fiscales en el caso de la Ciudad Hospitalaria produjo mucho daño, no solo por el costo de las 22 personas que estuvieron detenidas, sino que se detuvo esta obra, asegurando que había existido un peculado.

Agregó que este caso llegó hasta la Sala Penal para que a este fiscal le dijeran que nunca existió un peculado y se dio un sobreseimiento definitivo.

"Pero vamos a decir que afectaron al señor Guillermo Saénz Llorens y a los otros que estuvieron relacionados a ese caso, pero cuántas personas más afectaron al paralizar la Ciudad Hospitalaria... han afectado al país entero que hoy día, con una pandemia, no tienen a dónde ir a hospitalizarse, porque están llenos", explicó .

Enfatizó el presidente de la AAPP que además de esto afectaron la economía del país, porque no se pueden abrir las operaciones comerciales debido a que no hay disponibilidad de camas. "Han afectado las arcas del Estado, porque esas compañías para rehacer esa Ciudad Hospitalaria costará mucho más. La misma suerte corrió la construcción del Centro de Convenciones de Amador", dijo.

"Hacer esa obra hoy cuesta un montón de millones de dólares más, por la decisión de un par de funcionarios que, siguiendo instrucciones de no sé quién o mejor dicho todos sabemos órdenes de quien, hacer esa Ciudad Hospitalaria costará ahora mínimo 200 millones de dólares", expresó.

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A esto, según Vallarino, hay que agregarle lo que le costaron dichas investigaciones al Ministerio Público y "cuánto van a costar las contrademandas de las personas que estuvieron detenidas, así como lo que costó tenerlos detenidos ".

Dos reveses más

Esta casación negada, se suma a la que se le dio al mismo fiscal Adecio Mojica en el caso Riegos de Tonosí por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema, proceso que fue instruido por la "Procuraduría Paralela".

Este caso forma parte de un grupo que fue armado de forma irregular bajo el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela y que fueron judicializados a través del Ministerio Público de la exprocuradora general, Kenia Porcell.

La tercera casación negada al mismo fiscal Mojica se dio en el caso de la Caja de Ahorro (CA) en 2020.

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Con dicha decisión se confirmó en todas sus partes, el sobreseimiento definitivo, sentencia emitida por el Juzgado Decimocuarto de Circuito Penal, proceso que se le seguía a Riccardo Francolini y otros.

El Juzgado Decimocuarto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial, mediante el auto No. 12 de 20 de agosto de 2018, dictó un sobreseimiento definitivo a favor de Riccardo Francolini, por los presuntos delitos contra la administración pública.