Denuncias por presuntas irregularidades en las elecciones de la UP llegaron al Ministerio Público

El descontento por el resultado de las elecciones a rector de la Universidad de Panamá (UP), en las que triunfó el candidato José Emilio Moreno, salió de la primera casa de estudios superiores.

La excandidata a rectora, Migdalia Bustamante, presentó una querella penal ante el Ministerio Público contra ocho integrantes del Organismo Electoral Universitario (OEU) y el director del Departamento de Información y Tecnología de la UP, por presuntos delitos relacionados con el proceso electoral celebrado el 1 de julio de 2026.

La acción legal, presentada por el abogado Jonathan A. Brown Racine en representación de Manuel Oscar Lasso Ramos, director de campaña de Bustamante, señala como querellados al presidente del OEU, Rufino Fernández; Alicia Flores; Iván Ortega; Saulo Aizprua; Yamilka Polo; Edgar A. Polo; Karielis Aguilar y Javier Bazán.

Según la querella, durante el proceso electoral se habrían registrado múltiples irregularidades que, a juicio de los denunciantes, comprometieron la transparencia de la elección.

Entre los señalamientos figuran la presunta exclusión de estudiantes del padrón electoral definitivo, inconsistencias entre los registros físicos y digitales de votación, retrasos en la publicación de resultados a través del portal oficial de la Universidad de Panamá y supuestas alteraciones en actas de escrutinio.

El documento sostiene que existieron fallas en la administración del sistema informático utilizado para divulgar los resultados, lo que, según los querellantes, generó un “limbo informativo” durante varias horas posteriores al cierre de la votación.

Adicionalmente, la denuncia hace referencia a supuestos hechos ocurridos en distintos centros de votación, entre ellos presuntas anomalías en el conteo de votos, denuncias de intimidación a electores, compra de votos, utilización indebida de documentos de identificación y otras irregularidades que, de acuerdo con la querella, habrían afectado el desarrollo del proceso.

La representación legal solicita al Ministerio Público la apertura de una investigación por presuntos delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos, infracción de los deberes de los servidores públicos y comisión por omisión, entre otros tipos penales contemplados en el Código Penal.

Asimismo, pidió la práctica de peritajes forenses sobre los servidores informáticos de la Universidad de Panamá, la preservación de la evidencia digital, el levantamiento del secreto bancario de los querellados y la inmovilización cautelar de bienes y cuentas bancarias hasta por B/.212 mil, monto que corresponde a la reclamación civil presentada por la campaña de Bustamante por presuntos daños materiales y morales.

La querella también incorpora como tercero civilmente responsable a la Universidad de Panamá, al considerar que los hechos denunciados habrían sido cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones y utilizando recursos tecnológicos de la institución.