Fiscales, magistrados y directores de entidades públicas aspiran a la Sala Penal de la Corte

Un total de 56 personas han presentado su documentación dentro de la convocatoria que abrió el Pacto de Estado por la Justicia para el cargo de magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema que dejará vacante el próximo 31 de diciembre, José Ayú Prado.

Fiscales, directores de entidades públicas y hasta jueces figuran dentro de las 56 personas que han presentado su documentación para este cargo, que es por un periodo de 10 años.

Dentro del listado de aspirantes que van hasta la fecha, figura la fiscal superior, Grisel Mójica, quien en su momento se desempeñó como defensora particular de la exprocuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, por el proceso que mantuvo esta en 2010 por extralimitación de funciones.

El abogado y director de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), Armando Fuentes, también está en la carrera por el cargo.

También figuran juristas particulares como Ángel Álvarez, Dionicio Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Basilio González, etc.

Quien también presentó sus papeles fue Asunción Alonso, magistrada suplente de José Ayú Prado.

La semana pasada, una fuente indicó que el procurador de la Nación encargado, Javier Caraballo, también estaría aspirando a magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Según la fuente, el funcionario estuvo recopilando los documentos que se necesitan para cumplir con la postulación al cargo.

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De ser cierto, Caraballo tiene hasta el próximo miércoles 15 de junio, último día para presentar documentación en esta convocatoria.

Una vez culminado el proceso de postulación, el Pacto de Estado por la Justicia debe establecer los mecanismos para las entrevistas a los aspirantes.

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