Fiscalía 'oculta' los testigos protegidos a defensores

Abogados que participan dentro del juicio oral por el caso New Business denuncian que la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada les niega el derecho a defenderse de acusaciones en su contra, hechas por los dos testigos protegidos.

Trascendió que estos dos testigos protegidos serían los empresarios Riccardo Francolini y Henry Mizrachi, ambos conectados a los movimientos irregulares del abogado William Moore, hermano de la fiscal Zuleyka Moore, declarada enemiga del precandidato presidencial por el Partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli.

Para el abogado Alfredo Vallarino, uno de los defensores de Martinelli dentro de este caso, es una vergüenza que la Fiscalía Contra La Delincuencia Organizada haya armado todo el caso New Business, con base en dos testigos protegidos y que ahora se niegan a que los mismos comparezcan al juicio y puedan ser contrainterrogados.

"Obviamente, nosotros no podemos citar a los testigos protegidos, porque la única persona que conoce la identidad, la dirección, etc., aunque nosotros estamos muy claros de quienes están detrás de esta farsa, la Fiscalía es quien debe hacer las citaciones, algo que es por ley y dicen que no van a traer a los testigos protegidos. Nosotros sabemos cuál es la razón por la que no los quieren traer al estrado, esto porque apenas pasan por ese lugar, quedan desbaratados en el contrainterrogatorio", comentó.

Vallarino afirmó que esto no se trata de un tema de Ricardo Martinelli y que el país no se merece que elecciones se puedan decidir a través de juicios burdos, como el de New Business, con trampa y "donde la Fiscalía esconde a sus propios testigos protegidos, donde simplemente no los traen al proceso".

Agregó que la Fiscalía busca que solo tenga valor lo que los testigos les dijeron a ellos, "en un cuarto oculto, acompañados muchos de ellos con un señor llamado William Moore, que es el hermano de la fiscal Zuleyka Moore".

De forma puntual, el letrado afirmó que, si ese es el tipo de caso que la Fiscalía presenta y que la juez tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, lo permite.

"La juez Baloisa Marquínez debió suspender la audiencia, para tratar de que se localice a los testigos protegidos. No es que los testigos protegidos no les hicieron daño a personas, aquí hay personas que quedaron detenidas por lo que dijeron esos testigos protegidos y de repente ahora la Fiscalía, sin mayores reparos, decide no traerlos", aseveró.

El defensor expresó que se trata de un tema serio y espera que el Colegio Nacional de Abogados (CNA), se pronuncie, "ya que aquí no puede seguir este relajo con los testigos protegidos, ya hubo uno que se le pagó más de un millón de dólares, como diplomático en los Estados Unidos".

"Esto ya tiene que parar, la Fiscalía es la única que lo puede localizar y nosotros esperamos que lo hagan comparecer", puntualizó.

Por su parte, la abogada Gladys Quintero, cuestionó también la decisión de la Fiscalía de no presentar a los dos testigos protegidos al juicio.

La defensora comentó que es importante que los testigos protegidos comparezcan al juicio, toda vez que la acusación hecha a su cliente, se basa en declaraciones que dieron estos dos testigos protegidos.

En tanto, el abogado Carlos Carrillo comentó que es fundamental que el Ministerio Público cumpla con su rol y la verdad dentro del proceso para que fluya.

"Ayer quedó claro que Ricardo Martinelli no tuvo ninguna relación con lo que se ha pretendido decir sobre que había fondos de comerciantes producto de hechos ilícitos", mencionó.

Agregó que los propios empresarios aclararon que sus fondos eran lícitos y ellos los aportaron a solicitud del expresidente como parte del proyecto de compra.

"Se mencionó al señor Mizrachi, que fue el promotor y quien hizo las gestiones para convencer a todos. Los testigos dijeron que la plata que mandaron no fue del contrato, fue de un préstamo familiar", agregó.

Fondos no eran del Estado

Ayer, durante el tercer día de audiencia por el caso New Business, comparecieron siete testigos a rendir sus descargos dentro de este proceso.

Entre los que rindieron testimonio está la Contadora Pública Autorizada (CPA), Elva Gordón, quien fue la persona que auditó el cheque de adelanto que se le otorgó a la empresa Transcaribe Trading (TCT), por la suma de 22 millones de dólares, como anticipó para la construcción y rehabilitación de la autopista Arraiján – La Chorrera.

Gordón indicó que los depósitos hechos por TCT a la cuenta de New Business en el banco Global Bank no salieron del adelanto para obra que el Estado le pagó en su momento a la empresa constructora.

De forma puntual, la contadora señaló que los 2 millones que se depositaron a la cuenta New Business, eran de un crédito prendario que la empresa constructora mantenía.

Advirtió que cuando ella hizo su pericia al contrato de anticipo, la empresa TCT ya le había regresado al Estado panameño la suma de 20 millones de dólares de los 22 millones de dólares que les habían adelantado para la obra.

La experta, quien en todo momento de su intervención, la Fiscalía trató de confundirla, aseguró que es común que en contratos con el Estado, se den este tipo de anticipos.

Dentro de los testigos que comparecieron, también lo hicieron Francisco Arias Vallarino y Francisco Arias Galindo, quienes señalaron que nunca recibieron ofrecimiento por parte de Ricardo Martinelli para la venta de Grupo Epasa.

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