Imputan cargos a venezolanos por falsificar salvoconductos

El Ministerio Público imputó ayer cargos a dos personas de nacionalidad venezolana, vinculadas a la venta ilegal de salvoconductos en Panamá, en medio de la pandemia por COVID-19.

Los extranjeros, que fueron descubiertos a finales de esta semana, fueron imputadas por el delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos, y se les decretó la notificación y prohibición de salida del país, mientas dure el proceso.

Trascendió que estos dos extranjeros son directivos de una empresa dedicada a la distribución de equipos tecnológicos en donde solicitaban dinero a cambio de la emisión y venta de estos documentos que son muy codiciados por muchas personas para movilizarse en medio de la cuarentena.

Según las autoridades, la empresa vendía los salvoconductos validados por la autoridades competentes a $80 y en las mismas se incluía el nombre y la cédula del solicitante.

Los salvoconductos emitidos por esta empresa fueron invalidados por el Ministerio de Comercio e Industria (MICI). El salvoconducto es el documento que autoriza la movilidad de trabajadores de las empresas cuyas actividades están exceptuadas del Decreto 507.

Recientemente, las autoridades de los ministerios de Salud y Seguridad apretaron el control y emisión de los salvoconductos porque, según ellos, se estaba empleando como si "fueran una patente de corso".

La diligencia judicial de ayer, se produjo luego que el Ministerio de Comercio e Industrias confirmara que la empresa que representaban los dos venezolanos, había generado 54 salvoconductos.'

54

salvoconductos fueron emitidos por esta empresa, manejada por extranjeros.

$80

cobraban por cada salvoconducto, con nombre y cédula del portador.

Tras descubrir este caso , el MICI canceló todos los salvoconductos emitidos por esta empresa y la inhabilitó para realizar dicho trámite.

El tema estalló luego de que se realizaban las tareas de verificación, las que permitieron identificar a un tramitador que utilizaba la empresa para validar salvoconductos a terceros no autorizados.