La ley de flexibilidad legislativa espera la decisión de la Corte Suprema de Justicia

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa Privada (Apede) elevó su rechazo a la ley No. 429, que flexibiliza los requisitos de ingreso a la carrera legislativa, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentando alegatos de terceros para que esta institución determine la constitucionalidad de sus artículos, ya que, a su juicio, "pretenden desmantelar la gobernanza en el servicio público de la Asamblea Nacional".

La presidenta del colectivo, Giula De Sanctis, considera que los ascensos a funcionarios de este órgano del Estado deben regirse por evaluaciones de desempeño y méritos, elementos que no contempla dicha normativa; por lo tanto, "abre la puerta a la discrecionalidad y desnaturaliza la esencia de la carrera pública".

Agregó que no se opone a que se realicen cambios a la ley, pero estos no pueden contradecir lo que establece la Constitución.

"La Constitución no permite que una ley borre de un plumazo el sistema de méritos", afirmó.

Detalló que la demanda presentada contra esta iniciativa se encuentra en la fase de análisis, y se espera que pronto se dé a conocer el fallo de la CSJ.

La normativa establece que se aplicará un procedimiento especial de ingreso a la carrera del servicio legislativo a los funcionarios que ejerzan labores permanentes por un periodo de dos años o más.

Puntualizando que estos serán incorporados sin necesidad de concurso, siempre que cumplan con los requisitos del Manual de Clases Ocupacionales del cargo que desempeñen y acrediten su asistencia por parte de la Dirección de Recursos Humanos durante el mismo periodo de tiempo.'

4,000

personas laboran en la Asamblea Nacional, según datos de la Contraloría General de la República.

 

429

ley que flexibiliza los requisitos de ingreso a la carrera legislativa para los funcionarios de la AN.

 

Al respecto, el procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, sentenció que la expresión "sin necesidad de concurso" es inconstitucional; por lo tanto, se estima que el fallo de la Corte gire hacia esa dirección.

El periodo de alegatos contra la demanda presentada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana finalizó este lunes.