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Judicial / Leonardo Labrador y Ana Lorena Chang, en manos del Ministerio Público y la Antai

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Hisopados / Ilegalidad / Isla de Taboga / Ministerio Público / Panamá

Panamá

Leonardo Labrador y Ana Lorena Chang, en manos del Ministerio Público y la Antai

Actualizado 2021/08/24 07:11:06
  • Luis Ávila
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Los doctores Labrador y Chang fueron señalados por aparecer en al junta directiva de la empresa que realizaba los hisopados en Amador.

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Los doctores  Ana Lorena Chang y Leonardo Labrador  fueron separados de sus cargos recientemente por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

Los doctores Ana Lorena Chang y Leonardo Labrador fueron separados de sus cargos recientemente por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

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Los doctores Leonardo Labrador y su esposa Ana Lorena Chang fueron denunciados ayer criminalmente ante el Ministerio Público, mientras la Procuraduría de la Administración acogió una solicitud de rendición de cuentas contra ambos, señalados en el caso de los hisopados obligatorios.

La rendición de cuentas fue acogida por el procurador de la Administración, Rigoberto González, y se indicó que dicha entidad iniciará con las correspondientes diligencias preliminares y medidas que se consideren convenientes, con el objetivo de que se esclarezcan los hechos.

Hay que indicar que la solicitud de rendición de cuentas fue presentada por Cristian Ábrego, a nombre de la Fundación Conciencia Ciudadana.

Se conoció que además se remitirá copia del contenido de la denuncia y lo resuelto por la entidad al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, para que rinda un informe explicativo sobre los hechos descritos.

El titular del Minsa tendrá cinco días hábiles para completar este proceso.

Cabe destacar que sobre la investigación, la Procuraduría de la Administración contará con dos meses y posteriormente 30 días para establecer méritos.

Labrador y Chang figuran como propietarios de la empresa Sermedic que brindaba el servicio de hisopados a las personas que deseaban viajar a las islas, y por un posible conflicto de interés fueron separados de sus cargos como jefe de Epidemiología y jefa de Salud Pública, respectivamente.'

11


diligencias por este caso ha realizado la Antai, según se conoció en el día de ayer.

30


días más tendrá la Procuraduría de la Administración para establecer los méritos.

Por ptra parte, Labrador y Chang fueron denunciados criminalmente ayer por el abogado Abdiel González, porque los mismos figuran como suscriptores de la empresa que estaba encargada de realizar hisopados para viajar a las islas del Pacífico.

VEA TAMBIÉN: Visitas conyugales en centros penitenciarios condicionadas a vacunación contra la covid-19

Según González, los doctores no tenían permiso para realizar esa actividad y se aprovecharon de una situación de enfermedad colectiva para lucrar.

El jurista recalcó que recientemente Chang ofreció declaraciones, en las que se refirió a la empresa que realizaba las pruebas, sin expresar los vínculos que la unían a la misma.

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González fundamenta su denuncia en los delitos de peculado, uso de tráfico de influencias y pide además que se investigue la sociedad anónima para determinar si únicamente fue creada para la comisión de estos actos.

"Queda la duda si son solo ellos o es una organización criminal. No se descarta la asociación ilícita para delinquir, el encubrimiento y el uso de información privilegiada", expuso el denunciante.

VEA TAMBIÉN: Pruebas alteradas son presentadas por la Fiscalía en segundo juicio por supuestos pinchazos telefónicos

Antai realiza diligencias

Ayer, la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Elsa Fernández, indicó que la investigación por el caso de los hisopados en el muelle de Amador inició por un posible conflicto de intereses, lo que está definido en el Código de Ética de los servidores públicos. Esto para evitar la independencia de criterios, donde el funcionario no puede tener relaciones en situaciones donde exista un compromiso que lo beneficie.

Ante esto, indicó que se han realizado 11 diligencias, destacando que el día sábado acudieron junto a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) al muelle para verificar que ya no estuvieran brindando este servicio para el cual no estaban autorizados.

De igual manera, ayer acudieron al Minsa y al Registro Civil, con el fin de establecer los hechos.

Añadió que estas verificaciones buscan certificar la seguridad en estos servicios, que deben estar garantizados en el cumplimiento de la legalidad de quien los brinda.

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