Ministerio Público imputó mal a los hermanos Martinelli Linares

Luis Eduardo Camacho González, abogado defensor de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, dentro de la audiencia preliminar por el caso Odebrecht, solicitó a la jueza Baloisa Marquínez, expida un sobreseimiento definitivo a favor de sus defendidos.

El letrado agregó que esta solicitud la hace porque el Ministerio Público (MP) en su vista fiscal y sus alegatos, no explicó cómo se configuró el tipo penal que se le busca atribuir a los hermanos Martinelli Linares.

Hay que indicar que a los hermanos Martinelli Linares se le imputó cargos por el supuesto delito de blanqueo de capitales, precedente de un soborno internacional.

El jurista explicó que para que se dé un tema de soborno internacional, tiene que existir un funcionario nacional sobornando a un extranjero, algo que claramente no es el caso de sus defendidos.

Camacho González expresó que lo que el Ministerio Público pretende es que la jueza Marquínez juzgue a sus representados y otros dentro de esta causa, en base a hechos que se dieron en Estados Unidos, algo que según él no puede ser.

El jurista en su exposición también hizo referencia a las declaraciones dadas por Ándre Campos Rabello, quien dijo que contrato a los hermanos Martinelli Linares, para que le ayudara a resolver obstáculos que pudieran tener en algunos ministerios y se agilizaran pagos a su favor.

Algo que no se considera delito, dentro del territorio nacional, aseveró.

De forma puntual, Camacho enfatizó que en base a esto, el Ministerio Público dice que se capitalizo los preceptos de recibir y convertir dinero, siendo esta la razón por la que se le imputo cargos por el supuesto delito de blanqueo de capitales.

Igualmente, el defensor comentó que el proceso que enfrentan sus defendidos, es uno de los que más manipulación a tenido en la República de Panamá, en el cual el Órgano Ejecutivo estuvo dentro del Ministerio Público, torciendo la justicia en contra de adversarios políticos.

"Nosotros venimos de una etapa donde el Ministerio Público, de la mano de las fiscales Tania Sterling, Zuleyka Moore y Vielka Broce, volaron derechos y garantías fundamentales de muchas personas", mencionó.

Mientras que la abogada Guillermina McDonald, defensora de Navin Bagdka, denunció que el Ministerio Público nunca investigó dentro de este proceso y que su cliente tiene la solvencia económica para sustentar la compra de un helicóptero valorado 3.2 millones de dólares.

McDonald negó que con dinero de Odebrecht su cliente haya obtenido dicha aeronave, tal como ha querido hacer ver la Fiscalía Anticorrupción.

Comentó la letrada que sumado a esto, la Fiscalía lo vinculó al tema de la construcción de una termoeléctrica, la cual la inició en 2009 y que luego por razones geográficas tuvo que asociarse con la familia Martinelli en 2013 y en donde erróneamente se habla de la suma de 4 millones de dólares, algo que según la defensora es falsa, ya que se trata de valores en acciones.

Al igual que Camacho González, la letrada Guillermina McDonald, reiteró que es un hecho público que el Gobierno pasado tenía sus manos metidas en la justicia y como prueba de ellos hizo mención a los Varelaleaks.

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