Odebrecht: Informes de Damaris Rodríguez Araúz no deberían tener valor en fallo

La audiencia del caso Odebrecht continúa en suspenso; aunque se esperaba que esta semana iniciara la fase de alegatos, el desarrollo de otra causa que requiere la asistencia de la fiscalía y de algunos abogados de la defensa ocasionó que la sesión de este miércoles 18 de febrero fuera pospuesta para el próximo lunes 23 de febrero a partir de las 2:00 p.m., sin embargo, este último periodo procesal comenzará con una tarea pendiente: la comparecencia de Damaris Rodríguez Araúz, exfuncionaria de la División de Delitos contra la Administración Pública de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), quien, pese a haber redactado dos de los informes base de la investigación, no acudió al Tribunal a rendir su declaración.

La falta de este contradictorio, a juicio de los abogados defensores, le resta credibilidad a las pruebas presentadas por la fiscalía, sobre todo al peritaje de Antonio Lim, excolaborador policial, que utilizó parte de los informes de Rodríguez Araúz para elaborar su escrito en el que incluye apreciaciones sobre aspectos financieros y contables sin tener la experiencia para ello.

El abogado Basilio González considera que la jueza Baloisa Marquínez no debería considerar estos documentos para emitir su juicio final porque forman parte de una prueba que no pudo ser valorada en la fase correspondiente debido al desacato de la testigo.

"A mi juicio, no deberían valorarse estos informes porque una prueba que no ha sido valorada ni ratificada en sede de audiencia pierde mucho valor, pero yo no soy el juez", afirmó.

Señaló que con esta acción lo que se buscaba era que la testigo sostuviera sus acusaciones frente a la jueza, quien por su investidura daría fe de la veracidad de sus declaraciones, pero no fue posible su ubicación; por tanto, su aporte a la causa no debería considerarse como parte de las pruebas para emitir el fallo.

Pese a ello, el jurista coincidió con Marquínez en que la fase de pruebas no podía extenderse más allá del viernes pasado; no obstante, el nombre de la testigo seguirá presente en el resto de la audiencia porque firmó dos de las declaraciones que ha utilizado la fiscalía para sustentar el caso.

Alfredo Vallarino, por su parte, reiteró que si se pretende emitir un juicio sin que la defensa haya ejercido su derecho al contrainterrogatorio, se estaría violentando al sistema de justicia en general.

23

de febrero, fecha en que se retomará la audiencia ordinaria del caso Odebrecht.

 

30

días, plazo que tendrá la jueza Baloisa Marquínez para emitir el fallo.

 

Agregó que el caso Odebrecht en Panamá desde que inició ha estado "contaminado" porque en la mayoría de los países en los que se ha juzgado a la constructora brasileña las asistencias que pretende utilizar la parte acusadora han sido anuladas, es decir, no sirven, pero a nivel local se insiste en su utilidad.

Tras lo sucedido con Rodríguez Araúz, el abogado, parte del equipo legal del exmandatario Ricardo Martinelli, recordó que lo mismo ocurrió con los tres colaboradores de Brasil que se acogieron a un acuerdo con la fiscalía y no lo cumplieron.

"A ninguna de esas personas se les llegó a poner una sanción de carácter penal, solo se les multó y no pagaron", subrayó.

Vallarino no entiende cómo, en uno de los casos más importantes del país, porque se juzga a expresidentes, exministros, empresarios y altos funcionarios, el Ministerio Público no pueda ubicar a los testigos para corroborar su teoría y se deje a los supuestos involucrados en total indefensión.

"No hubo esfuerzo de la fiscalía nunca para tenerlos acá", aseguró.