Ministerio Público
En la Asamblea Nacional fueron separados tres funcionarios por la compra de mascarillas con supuesto sobrecosto. Mientras, la Fiscalía de Cuentas anunció que podría investigar tema de ventiladores.
A pesar de la renuncia del viceministro de la Presidencia, hay sectores que advierten que debe proseguir la investigación penal por la fallida compra de 100 ventiladores automáticos con supuesto sobrecosto.
La renuncia del viceministro Juan Carlos Muñoz, quien firmó la intención de compra de los ventiladores por más de $5 millones, la comunicó el presidente Laurentino Cortizo, a través de su cuenta de Twitter.
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Anoche, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) hizo un "enérgico llamado" al Gobierno para que garantice la transparencia y la legalidad absoluta en las compras públicas.
Exige que haya rendición de cuentas con relación a los escándalos de corrupción que estallaron en los últimos días.
Y exhortaron al Ministerio Público, a la Contraloría General y al Órgano Judicial a realizar las investigaciones correspondientes para que en el país haya certeza del castigo y cese la impunidad.
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Muñoz fue duramente cuestionado por la forma cómo justificó la contratación que el Ministerio de la Presidencia pretendía hacer a la empresa Muriba Company Inc. por $5.2 millones.'
100
ventiladores pretendía contratar el Ministerio de la Presidencia para la lucha contra el virus.
49
mil dólares por unidad era el precio que pretendían pagar por cada ventilador.
Es decir, $49 mil por cada ventilador, en promedio. La orden de compra generó polémica porque el ventilador HP-300, marca Allied, podría cotizarse en el mercado desde los 8 mil dólares.
Hay que indicar que la renuncia de Muñoz se da horas después de que Cortizo, a través de su cuenta den Twitter, manifestó que la transparencia y rendición de cuentas del uso de fondos públicos, en pandemia o en tiempos normales, de funcionarios y autoridades electas, de esta y otras administraciones, fortalece la democracia, así como la certeza del castigo.
Cortizo añadió que las instituciones de control como el Ministerio Público, la Contraloría y el Órgano Judicial deben actuar.
Ante esta renuncia, el exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, indicó que le parece saludable la renuncia de Muñoz, sin embargo, considera que las investigaciones deben continuar, para corroborar si existe alguna situación anormal que tipifique delitos, y sus responsables.
Muñoz no es el primer alto funcionario de la era Cortizo que renuncia. Antes, los ministros Rolando Mirones y Carlos Romero dejaron sus cargos.
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Por otro lado, luego de que el contralor Gerardo Solís frenó un contrato de la Asamblea Nacional para la compra de mascarillas a un precio excesivo, tres funcionarios fueron suspendidos de sus cargos, incluyendo al jefe de fiscalización de la Contraloría en este órgano del Estado.
En tanto, la Fiscalía de Cuentas indicó que se mantiene a la expectativa de los resultados de la revisión al proceso de compra de los ventiladores para iniciar una investigación patrimonial, en caso de que la Contraloría determine la comisión de hechos irregulares.
"El numeral 13 del artículo 280 de la Constitución señala que la Contraloría presentará al Tribunal de Cuentas, para su juzgamiento, los reparos o irregularidades y este, como señala la Ley 67 de 2008, que desarrolla la jurisdicción de cuentas, los trasladará a la Fiscalía de Cuentas para el inicio de la investigación", sustentó.
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