Judicial
Ricardo Garay, rinde indagatoria ante la Fiscalía Anticorrupción por supuesta lesión contra el Senan por más de $40 millones
- Redacción/nacion.pa@epasa.com/@panamaamerica
En febrero pasado se presentó una ampliación de Denuncia Penal, en la que se presentaron ante la fiscalía anticorrupción documentos y detalles de cómo dentro del Senan se conformó una estructura destinada a desembolsar dinero de forma irregular e ilegal para favorecer a dos Contratistas en perjuicio de la Nación.
El comisionado Ricardo Garay acudió al edificio Avesa.
El Comisionado del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Ricardo Garay, rinde declaración ante la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio, en el edificio Avesa, en relación a investigaciones sobre una supuesta lesión patrimonial al Estado, que superaría los 40 millones de dólares, en la que figuran acusados el Ministro de Seguridad Juan Pino y otros 8 comisionados de esa entidad.
La citación se produce tras evidencias documentales presentadas en la Fiscalía que revelan la irregularidad de que al menos 5 helicópteros Bell 212, que forman parte de un contrato con una compañía para ser repontenciados entre el 2008 a la actualidad, fueron recibidos conforme por los altos mandos del Senan en estado inoperativo, ya que a la fecha ninguno esta volando y además 2 se encuentran desaparecidos.
En febrero pasado se presentó una ampliación de Denuncia Penal, en la que se presentaron ante la fiscalía anticorrupción documentos y detalles de cómo dentro del Senan se conformó una estructura destinada a desembolsar dinero de forma irregular e ilegal para favorecer a dos Contratistas en perjuicio de la Nación.
La denuncia es por la presunta comisión del delito de corrupción de funcionarios públicos, Enriquecimiento ilícito, fraude en contrataciones públicas y blanqueo de capitales.
Hace dos semanas el Comisionado Garay interpuso una Querella Penal Contra los Comisionados Ramón Nonato Lopez y Jorge Yanis, Director y Subdirector del Senan, respectivamente, por promover en su contra procesos disciplinarios con fines ilícitos a fin de proteger a los altos mandos acusados de haber perpetrado los delitos denunciados.
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