¿Se flexibilizan las penas? Fiscalía responde a las críticas del director de la Policía

Luego de que el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, cuestionara las medidas cautelares otorgadas a delincuentes de alto perfil, el fiscal contra el crimen organizado, Efraín Gálvez Díaz, aclaró la postura de la institución y explicó cómo opera el sistema judicial ante estos casos.

Durante una entrevista en el noticiero matutino de Telemetro Reporta, Gálvez aseguró que el Ministerio Público (MP) sustenta minuciosamente cada una de sus solicitudes basándose en los elementos de convicción y los riesgos procesales que exige el tribunal.

Al desmantelar estructuras criminales, el fiscal detalló que la institución no solo evalúa las pruebas, sino también el peligro de continuidad del delito y la posible afectación a las víctimas y a la comunidad. Aunque afirmó que son respetuosos de las decisiones de los jueces, recordó que la ley les otorga las herramientas legales para apelar cuando no están de acuerdo con los fallos.

El reto del arresto domiciliario y los riesgos de evasión

Respecto a las polémicas sustituciones de detención preventiva por arresto domiciliario, Gálvez enfatizó que el Ministerio Público, junto a sus brazos auxiliares, tiene la obligación estricta de verificar de manera permanente que el imputado resida en la dirección suministrada y avalada por el tribunal.

"Se debe conocer quiénes llegan al domicilio y quiénes no deberían estar ahí, porque se entiende que bajo esta medida las personas están sujetas a permanecer en ese lugar", advirtió el fiscal.

Gálvez explicó que, si mediante los brazos auxiliares, Policía Nacional y tribunales, se detectan irregularidades o la presencia de personas no autorizadas en la residencia, la fiscalía solicita de inmediato una audiencia de revisión de la medida.

Bajo las reglas del Sistema Penal Acusatorio (SPA), para revocar una medida se deben presentar elementos nuevos que demuestren el incumplimiento de la norma, lo que ya ha permitido en varias ocasiones que los tribunales revoquen el arresto domiciliario y ordenen el regreso a prisión de los implicados.