PRAA, plan que inquieta a docentes

Con las reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), se viene escuchando con marcada insistencia por parte de los docentes que esta nueva norma afecta el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA).
Pero, ¿qué es el PRAA, cuándo y por qué se creó, cuál es su finalidad, qué beneficios ofrece a los docentes, cuántos millones tiene y quién los maneja, cómo se invierten estos fondos? Estas son sólo algunas de las interrogantes que encontrarán respuesta en esta entrega.
El PRAA se creó mediante la Ley 54 del 27 de diciembre de 2000, se implementó el 1 de marzo de 2001 y tiene la finalidad de conceder a los docentes una pensión mensual temporal, hasta que alcancen la edad mínima establecida para tener derecho a la jubilación de la CSS.
El docente Felipe Contreras, quien es miembro de la Comisión del PRAA, precisó que para optar por este plan, los docentes y el gobierno aportan una cuota mensual de 7.90% (3.50% lo pagan los maestros y profesores y 4.40% el Estado), que les permitía retirarse a los 52 años y medio a las mujeres y 56 los hombres con la Ley Orgánica de la CSS anterior.
Agregó que con la nueva norma, los docentes se jubilan a los 60 y 65 años de edad, mujeres y hombres, respectivamente.
Esta es precisamente la interrogante que se formulan los docentes, pues a pesar que el Gobierno ha dicho que la ley no afecta este plan, éstos consideran que sí.
"Con esta nueva ley, los trabajadores de la educación tendremos que trabajar más años, cotizar por más tiempo para el PRAA y aportar más a la cuota obrero que se incrementó en 1.75% de manera escalonada, lo que significa que tendremos más egresos", dijo.
La Comisión del Plan está conformada por nueve personas. El director de la CSS, el contralor de la República, los ministros de Educación y Economía y Finanzas o la persona que designen. Además de dos representantes de los profesores y tres de los maestros.
Los maestros y profesores de la Comisión son escogidos por elecciones que organiza el Ministerio de Educación a nivel nacional, por un periodo de cinco años y tienen un suplente.
La Comisión del PRAA se reúne dos veces al mes y de manera extraordinaria. Los comisionados reciben una dieta de B/.20.00, por reunión y no devengan salarios.
Entre las funciones de la Comisión del PRAA están resolver en grado de apelación las solicitudes de las pensiones, analizar los distintos tipos de inversión que realice el fiduciario, aprobar o rechazar el plan anual de inversiones y aprobar o rechazar el presupuesto del PRAA.
Además de requerir y recibir los informes financieros realizados por el fiduciario, para analizarlos y hacer sus recomendaciones, garantizar el cumplimiento de las revisiones actuariales, velar para que se efectúe el pago de las pensiones y procurar que el tiempo de trámite para otorgar la pensión de retiro anticipado temporal no pase de tres meses.
El docente Contreras detalló que la inversión de los fondos del PRAA son regulados por la propia ley del plan, el cual establece hasta dónde y cómo se pueden invertir.
"La ley precisa que la rentabilidad diaria de estas inversiones se puede mantener hasta el 6% y en la actualidad se recibe un porcentaje un poco mayor", dijo.
El docente indicó que para evitar situaciones irregulares existe un Comité de Inversión que es el encargado de estos fines y mensualmente tienen que rendir informes documentados a la Comisión de cómo se invierte el capital y el estado de las cuentas.
Añadió que en la actualidad hay gran cantidad de dineros proveniente de los educadores depositados en diversos bancos locales.
Reveló que el aporte mensual del estado, corresponde a tres decimos del uno por ciento (0.3%) de los salarios devengados por los educadores de este Plan. Este aporte del Estado es por la suma de B/. 1,650,673.23 correspondiente al período de entrada en vigencia la Ley, hasta el 28 de febrero de 2005, de los cuales se han pagado B/.923,272.19, quedando un saldo de B/. 728,209.58 por pagar.

• Silvia Alvarado, presidente de la Comisión, Representante del director de la Caja de Seguro Social.
• Marianela Espinosa, representante del ministro de Educación.
• Liliana González, representante del contralor General de la República.
• David Saied, representante del ministro de Economía.
• Cesar García y Víctor Arias, representantes de los profesores.
• Juana López, Erika Castillo de Rivera y Felipe Contreras, representantes de los maestros.