Oleada de ciberataques en Panamá no deja dormir a los banqueros; prevén acuerdo para subir nivel de protección

La reciente oleada de ciberataques a instituciones públicas y privadas en Panamá tiene en alerta al sector bancario, ante la posibilidad de ser objeto de estas incidencias.

En este sentido, Milton Ayón Wong, superintendente de Bancos de Panamá, reconoció que dentro del sector hay preocupación por las vulneraciones reportadas en el país.

"Definitivamente en una banca tan digital como la que tenemos hoy en día, eso es algo que no deja dormir a los directores y dueños de bancos, a los que están administrando los bancos y también a nosotros como regulador porque son ataques diarios", dijo Ayón a Nex Noticias.

De acuerdo con el superintendente para este año se prevé alcanzar un acuerdo para subir el nivel de madurez de protección para los ciberataques dentro de la banca local.

"Es una cosa cada vez es más fuerte, se van desarrollando por eso es importante dentro del plan de la superintendencia  sacar un acuerdo para subir el nivel de madurez de protección para los ciberataques", añadió.

Consultado con respecto a si las aseguradoras cubren los ciberataques, Ayón recalcó que sí, pero bajo ciertas condiciones.

En esta línea precisó que las aseguradoras verifican los controles de seguridad y dependiendo del nivel encontrado determinan si son asegurables o no.

También se refirió a la importancia de contar con personal especializado, toda vez que, así como hay hackers, también hay ethical hackers, expertos que asesoran sobre cómo protegerse de la mejor manera.

Esta semana, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) confirmó que cinco instituciones del Estado han sido víctimas de incidentes cibernéticos de alto impacto, sin comprometer los datos personales y sensibles de los ciudadanos, ya que la información sustraída es de dominio público.

El motivo principal de estos ataques, según Adolfo Fábrega, administrador de la AIG, es financiero: los ciberdelincuentes, mayormente del extranjero, sustraen las bases de datos para exigir una remuneración económica que, en el caso de Panamá, asciende a cientos de miles de dólares.

Sin embargo, el Gobierno panameño no ha accedido a esta modalidad de extorsión porque la "data no es confidencial"; cualquier ciudadano tiene acceso a ella.

"El Gobierno no entrará en negociación ni ha sido partícipe de pago alguno en términos de recuperación de datos extraídos", subrayó.

Indicó que, hasta el momento, se desconoce quiénes están detrás de estas organizaciones internacionales, pero quienes han sido identificados como posibles responsables a nivel local han sido denunciados ante el Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes.