Atropellos mortales: medidas favorables

Tres casos muy particulares por atropellos mortales han arrancado literalmente posiciones extremas entre la opinión pública en los últimos meses.

Esto, a raíz de las decisiones tomadas por jueces de garantías en tres hechos distintos, en los que se han aplicado medidas cautelares, que han sido cuestionadas, a pesar de la gravedad del asunto.

Desde diciembre a la fecha, un diputado de la Asamblea Nacional (AN), un médico odontólogo y recientemente una joven de 18 años atropellaron y causaron la muerte de tres ciudadanos.

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Estas son las historias: El 27 de diciembre de 2017, en Buena Vista, provincia de Colón, el parlamentario Mario Lázarus arrolló con su camioneta 4x4 a una menor de edad.

La niña de 14 años falleció. En enero Lázarus fue llamado a juicio en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por su condición de diputado.

A Lázarus se le imputó por el delito de homicidio doloso con el agravante de fuga. Eso consta entre los 15 elementos de convicción que recopiló el Ministerio Público.

Sin embargo, Lázarus goza de una medida cautelar de país por cárcel, debe firmar los 15 y 30 de cada mes y tiene impedido conducir vehículos a motor.

Otro hecho fatídico ocurrió el 5 de mayo de 2018. En ese accidente perdió la vida Ana Karen Pérez que conducía sobre el carril que va hacia el oeste.

Su verdugo chocó de frente su 4x4 contra el sedán de la víctima, era Álex Gómez Sousa Lennox, médico odontólogo quien marcó 158% alcohol en la sangre.

Sousa Lennox iba por el paño que va hacia la capital, pero se cruzó a la vía donde viajaba Pérez junto a su hija que sí pudo sobrevivir.

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El 9 de julio tres magistradas de un tribunal de apelaciones revocaron la medida de detención provisional que había dictado el juez de garantía Carlos Fajardo el 9 de mayo.

Luego de dos meses detenido en una celda aparte de los reos comunes del Centro de Rehabilitación de La Chorrera, Sousa Lennox fue liberado. Le aplicaron la medida cautelar de provincia por cárcel, firma periódica ante las autoridades y le suspendieron el permiso de conducir.

El caso más reciente y que contrasta con los anteriores es el de Eneida Pousada. Ella cometió la irresponsabilidad de tomar el volante y conducir sin licencia.

Esa imprudencia le costó la vida a Rosaida Lorenzo, alumna de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), de 18 años, la misma edad que Pousada.

A esta última le ordenaron la detención preventiva, porque según la jueza María Medina, ella representa un peligro para la colectividad y hay posibilidades de fuga.

Sobre este asunto, la exdiputada Teresita Yániz de Arias manifestó que en las tres situaciones se perdieron vidas y que no se puede aplicar la ley, literalmente con varas diferentes.

"No es posible que se den tratos distintos en las medidas cautelares en casos similares. Todos deben ser iguales ante la ley", expresó Arias.

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Agregó que la población percibe que "dependiendo de quién es la persona que delinque, se le aplican o no se le aplican medidas más o menos severas para atender ese hecho delictivo".

Para Roberto Troncoso, tanto Souza Lennox como Lárazus "debieran estar detenidos de forma preventiva" por el grado de responsabilidad que los investigadores expusieron en cada uno de esos hechos.

Añadió que la defensa de la joven Eneida Pousada pudiera solicitar otra medida cautelar distinta a la detención provisional porque "los dos casos anteriores se señalarían como precedentes".

Pousada conducía sin licencia, no pasó el examen de manejo en abril e incluso viajó a Chiriquí un día después del lamentable hecho.

La defensa, representada por el abogado Jaime Abad, tratará de que un tribunal de apelaciones revierta la medida impuesta a su cliente.

Lázarus y Souza Lennox lo consiguieron, ¿podrá Abad obtener lo mismo para su defendida?